El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que regula el uso y control responsable de las armas de fuego con el objetivo de reducir los índices de violencia en el país sudamericano, informó Prensa Latina.
Esta medida forma parte del Programa de Acción de Seguridad implementado por el gobierno brasileño, con el que busca reducir la cantidad de armas y municiones a las que pueden acceder los civiles para la autodefensa y que pueden ser adquiridas por cazadores, tiradores y recolectores (Cacs).
En ese sentido, el decreto contempla restringir las actividades de los clubes de tiro así como prohibir el tránsito de CAC por territorio nacional con artefactos y pertrechos bélicos.
Representó para Brasil que durante la presidencia de Jair Bolsonaro, la adquisición de armas y municiones se multiplicó por siete, pues el número de personas autorizadas por el CAC era de 117,5 mil, y al cierre de 2022, según datos del Anuario de Seguridad Pública, contaba con 783,4 mil certificados de registro.
Anteriormente, los civiles podían adquirir hasta cuatro armas para uso de defensa personal, sin necesidad de acreditar necesidad real.
Antes de que se publicara el decreto, los civiles podían adquirir cuatro armas y 200 rondas de municiones por año para su defensa personal.
Defensa de Amazon
Durante una ceremonia en el Palacio del Planalto, sede del poder ejecutivo, Lula presentó un plan concreto para combatir el aumento de la violencia en la Amazonía, así como las restricciones a la venta de armas. Se anunciaron un total de nueve medidas, decretos y proyectos de ley, informó Telesur.
Entre ellos, se destaca el llamado Programa de Acción de Seguridad (PAS), que incluye medidas para combatir la violencia escolar, cuyos ataques se han multiplicado en Brasil en los últimos años y ahora están siendo clasificados como crímenes brutales.
También destacó el anuncio del Plan de Seguridad y Soberanía para la Amazonía (AMAS), con la intención de combatir la creciente violencia en la selva tropical más grande del mundo, en particular el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos ambientales.
AMAS prevé una inversión de 2.000 millones de reales (unos 416,7 millones de dólares) para construir bases y comprar patrullas, armamento, helicópteros y lanchas blindadas para las fuerzas de seguridad que operan en la región.
“En la Amazonía, 5 millones de kilómetros cuadrados, un área más grande que Europa, se promueve el crimen organizado, el narcotráfico y lo que es ilegal en Brasil. Tenemos que trabajar para que no suceda en las selvas de Brasil, que todo el mundo quiere salvar, que fomenta la violencia”, enfatizó Lula.
Las iniciativas se anunciaron un día después de que se publicara un informe que, a pesar de que las muertes violentas en Brasil cayeron a un mínimo de 11 años en 2022, la violencia en la Amazonía sigue siendo una preocupación; Así como violación y delitos de racismo, homofobia, feminicidio y estafa.
