La comisión especial que investiga las consecuencias de la política de sanciones contra el gobierno durante la administración de Donald Trump Nicolás MaduroEmpleado por Asamblea Nacional (AN) 2020, presentó un balance de la información recabada hasta el momento y que, según el chavismo, implica a por lo menos 18 líderes de la oposición venezolana que “solicitan” medidas restrictivas “para ser sancionados”.
2020 NA Primer Vicepresidente, pedro infante (PSUV) quien encabeza la comisión especial menciona directamente a los opositores Juan Guaidó, David Smolansky, Freddy Guevara, Ion Goicochea, María Karina MachadoLeopoldo López, Enrique CaprilesHenry Ramos Alup, Tomas Guanipa, Carlos Vecchio, Antonio Ledezma, Elias Matta, Miguel Pizarro, Gustavo Marcano, Juan Pablo Guanipa, Williams Davila, Jose Guerra, freddie superlano y Luis Palacios.
La líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, Henrique Capriles de Primero Justicia y Fredy Superlano de Voluntad Popular son candidatos en la elección. Anti-primario Convocado para el 22 de octubre de 2023.
Durante la sesión general de la AN 2020, este 20 de julio, Infante advirtió que “la lista es más larga” e incluye a Gustavo Tare Briseno, José Ignacio Hernández, el exdirector de Globovisión, Alberto Federico Médico Ravena y exfuncionarios del gobierno interino de Guaidó.
¿Qué es un crimen dirigido?
Según Infante, entre los “delitos” presuntamente cometidos por la oposición se encuentran la sedición, usurpación de funciones, sindicatos delictivos, terrorismo y otros previstos en la Ley de Protección y Decomiso de Nuevos Bienes. También indicó que han cometido “crímenes de lesa humanidad” al “solicitar” que afecta la inversión de recursos en áreas como la salud, en violación de la Carta de la ONU y la Convención de Viena.
También mencionó a actores internacionales como el propio Trump y exfuncionarios estadounidenses como Elliott Abrams, además del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Luis Almagro e instituciones como el Departamento del Tesoro y el Comando Sur de EE.UU., quienes, indicó, condenarían ante precedente internacional el daño a la economía venezolana.
Infante pidió al pleno ampliar el plazo de 30 días para continuar con la investigación y presentar un informe final (la comisión fue creada el 13 de junio) que aseguró que habría pruebas de lo señalado y que se propondría al resto del poder público, en especial a la Fiscalía General de la República que forma parte del poder civil, iniciar un proceso penal.
“Todo viene con pruebas, como un comunicado de Vente Venezuela del 11 de mayo de 2020 ‹solicitando un gran operativo de las fuerzas integradas para frenar la tragedia en Venezuela> firmado por la responsable, la Coordinadora Nacional, María Corina Machado, un comunicado público que muchos pretenden desaparecer de Internet.
solidaridad popular
Infante también recordó que Capriles dijo que las salvaguardas para las agencias estatales continuaron citgo que actualmente está bajo el control de la AN de 2015 y el parlamento con mayoría opositora promulgó legislación para designar directorios ad hoc en PDVSA, Pequiven, Monómeros, Banco Central de Venezuela, además de Citgo, entre otras empresas y organismos estatales.
También propuso que el parlamento organice foros con las fuerzas populares y los movimientos sociales de todo el país para promover oportunidades de investigación, identificar a los criminales acusados por nombre y título y “defender la soberanía nacional” contra las sanciones internacionales.
Presidente de NA 2020, Jorge Rodríguez Calificó el balance inicial de la comisión especial como un “episodio de crímenes” derivados de las acciones de Trump “y sus compinches” dentro y fuera del país y concedió la prórroga.
