Venezuela En Directo
Unas 150 familias del estado Apure, cuyas unidades de producción están ubicadas alrededor de Hato Merecure, están siendo sometidas a extorsión, amenazas, intimidación, opresión y tratos crueles e inhumanos por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, delincuentes y funcionarios interesados. Penal (CICPC) con competencia en la zona.
Según una investigación publicada por Fundreads sobre el caso, titulada “Pala merece un territorio bajo el imperio de la barbarie” Desde 2015, los productores locales aledaños a dicha propiedad estarán sujetos a actividades irregulares promovidas y/o sancionadas por agentes estatales.
Más de 10 testimonios fueron recogidos por el grupo de activistas de la organización de protección de los derechos humanos, donde las víctimas señalaron las acciones arbitrarias de los organismos de seguridad y la administración de Hato Merecure contra la población y violaciones a los derechos fundamentales. La mirada indiferente del Estado.
Además, las víctimas confirmaron que “además de funcionarios del CICPC y personal de Hato Merecure, estarán involucrados Grupos Armados Irregulares (GAI)”.
Por su parte, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) ha denunciado reiteradamente que los productores agrícolas, no sólo del estado Apu, son víctimas de extorsiones por parte de grupos armados irregulares y funcionarios estatales.
Asimismo, el informe revela que quienes operan u operan Hato Merecure y agentes de la policía estatal venezolana utilizan el poder estatal como amenaza, para realizar extorsiones y prácticas represivas dirigidas a los productores locales.
Según las denuncias recibidas, todo se desarrolla bajo el mismo guión: la administración de Hato Merecure asigna ganado de manera irregular, los legítimos dueños del ganado hacen las demandas correspondientes y las tropas del CICPC actúan allí. Un proceso para condenar a productores o solicitar grandes sumas de dinero en divisas por no liberarlos.
Para los funderdes, la extorsión se convirtió en una política estatal, ya que las autoridades locales y las fuerzas de seguridad se dedicaban a obtener dinero de las poblaciones campesinas mediante métodos que socavaban el Estado de derecho.
“Los productores agrícolas no sólo son víctimas de extorsión, sino que también son objeto de ellas, amenazados de muerte, secuestro y tortura, bajo total impunidad”, afirma la ONG.
El derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad, así como al desarrollo de las actividades agrícolas -aseguró- se ven comprometidos y vulnerados por el accionar desmedido de organizaciones criminales que actúan con conocimiento de autoridades militares y policiales.
