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Si bien se cumplen 19 meses del último ajuste del salario mínimo a Bs 130, el director general del Inaesin, León Arismendi, llamó a acordar una política salarial que recupere el valor del trabajo “sin medidas efectivas para controlar la inflación hasta que se alcance el salario mínimo”. “Se mantiene congelada”. Su casi desaparición con y sin la campaña de actividad (3,73 dólares al tipo de cambio del 17 de octubre), así como el aumento del monto de la llamada canasta socialista de billetes y los bonos de guerra para los trabajadores del sector público. no responden al problema de fondo”, afirmó León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inasin).
El directivo señaló que mantener estas condiciones es perpetuar las mismas políticas salariales unilaterales, incómodas y desproporcionadas que han provocado una alarmante reducción del poder adquisitivo de los salarios, las pensiones y, en general, una reducción del valor del trabajo.
Todo esto explica la fuerte caída del consumo y la alta conflictividad laboral en el país. Los trabajadores -principalmente en la administración pública- reciben Bs 130 como salario mínimo, que se fijó en marzo de 2022.
“Los trabajadores no tienen otro incentivo para hacer su trabajo que el de sobrevivir. No es casualidad que más venezolanos se sumen a quienes se van a otros países en busca de mejores condiciones de vida”, dijo Arismendi, por lo que llamó a recuperar el valor del trabajo como eje fundamental de la política económica.
Por lo tanto, “tendría mucha mayor legitimidad y eficacia si se acordara mediante un diálogo tripartito. El país necesita urgentemente una política salarial integrada. “No es para insultar al imperialismo o eludir la propia responsabilidad que el país debe afrontar los cambios que necesita.”
El director del Inaesin destacó que es fundamental desarrollar una política de mejora progresiva de los salarios que tenga en cuenta factores variables como la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias, la inflación, la paridad cambiaria, los costos como base principal. Canasta básica, salarios promedio del sector público y privado, presupuesto nacional, productividad de las empresas y su capacidad de empleo. “En definitiva, datos adecuados y actualizados para facilitar la toma de decisiones y el seguimiento.”
Arismendi lamentó que el Gobierno, en lugar de aprobar un sistema de fijación del salario mínimo que utilice dichos datos y cumpla con el Convenio 26 de la OIT al respecto, insista en su fijación unilateral y arbitraria.
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