con una Venezuela En Directo
Durante la evaluación realizada en los últimos días por el Comité de la ONU del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Estado de Venezuela, se mencionó a la Casa de Justicia como una posible solución para la lucha contra la criminalidad. Así lo anunció ya el 24 de agosto la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Gladys Gutiérrez, al finalizar la reunión sostenida con las autoridades del Ministerio Público, la Defensa Pública y el Ministerio del Interior. y Paz en los siguientes términos: “Lo más innovador es que a las Casas de Justicia y Paz Tipo I les seguirán las Casas Tipo II y III”.
para entrar en el juicio
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El funcionario explicó que los Tipo I son aquellos “donde las comunidades activan mecanismos alternativos de resolución de disputas (mediación y conciliación) y así los problemas no escalan (o degeneran) en delitos que requieran la invocación de todo el sistema de justicia”.
Por su parte, los delitos Tipo II y III podrán conocerse y así poder realizar audiencias para combatir las demoras procesales, agregó Gutiérrez.
Algunas de estas últimas instancias funcionarán en retenes policiales como el centro privado de detención y protección de la Policía Nacional Bolivariana, Boleta (Caracas). Así se afirma en el sitio web del Ministerio del Interior, Justicia y Paz.
El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó esta última información al afirmar que “la idea es que, en los centros de prisión preventiva, las audiencias se realicen allí, no de manera incidental, accidental o espasmódica, sino de forma permanente”.
Diez años en las sombras
El Proyecto Casa de Justicia Penal, como se llamó originalmente, fue un paso en la gran misión de Toda Vida Venezuela. El plan fue lanzado en julio de 2012 por el fallecido Hugo Chávez, quien lo presentó como la primera política estatal integral de protección ciudadana en décadas, y se produjo después de que fracasaran más de una docena de planes contra el crimen.
El documento de la Gran Misión explicaba lo siguiente:
“En estas casas funcionarán de manera clara: la fiscalía municipal (que persigue las faltas y delitos con pena menor a ocho años); el juzgado penal itinerante y la defensa pública, coordinación entre organismos para lograr un alto nivel de esclarecimiento, celeridad y aprobación en los procesos penales.
Los casos de hurto, lesiones y violencia intrafamiliar son algunos de los asuntos que deben ser atendidos por estos organismos, según la reforma de 2012 al Código Orgánico Procesal Penal.
Estaba previsto que se abrieran casos inmediatamente en 79 “municipios prioritarios”, es decir, aquellos con los índices de criminalidad más altos. Sin embargo, fue recién en 2013 que se inauguró el primero en Ciudad Caribe.
Incluso después de una década, no se sabe cuántas casas de jueces hay en todo el país. Acceso a la Justicia intentó obtener una cifra, pero luego de revisar la información pública disponible solo pudo confirmar que no se había cumplido la meta original para 2018. Ese año, el entonces viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica, Anthony Coelho, aseguró que tales instalaciones serían inauguradas en los siguientes meses en 79 municipios seleccionados por la Gran Misión a Todo Vida.
Por su parte, en el estado Miranda en 2019 ya estaban funcionando 21 de estos centros, así lo informó el funcionario Héctor Rodríguez, gobernador de la entidad en aquella ocasión. Posteriormente, en 2022, el TSJ anunció la apertura de 21 casas en 20 estados del país.
A principios de 2023, durante el acto de apertura del proceso judicial, el presidente del TSJ resucitó el proyecto, afirmando brevemente que a lo largo de 2023 “está previsto el establecimiento de nuevas casas de justicia en varios estados del país, con la inauguración de otras sedes judiciales a nivel nacional.
La Cámara de Justicia buscaba dos objetivos: evitar que las disputas y los conflictos se convirtieran en actos criminales, y evitar que delitos menos graves se convirtieran en actos violentos al quedar impunes y terminar en los ya de por sí quebrados tribunales penales generales.
Pero el Tribunal Supremo no sólo no ha informado cuántos de estos casos están realmente funcionando, sino también cuántos han tramitado desde que se inauguró el primero hace diez años.
Quedan algunas dudas
Un dato sorprendente es que la ley que anunció la reactivación del proyecto, también firmó el instructivo para el manejo de dichas viviendas, dijo el Defensor Público General Daniel Ramírez en su cuenta de Twitter. Sin embargo, los documentos no han sido publicados.
Sigue siendo un misterio cómo funcionan las casas, cómo se constituyen y cómo se garantiza la independencia del poder judicial.
No se puede olvidar que la llamada justicia de paz comunal, de cuya iniciativa debería participar, se encuentra paralizada y por un lado el TSJ quedó responsable “provisionalmente” por la disposición transitoria tercera de la ley orgánica de la jurisdicción especial de paz comunal. duración No más de 2 años, pero han sido 11 en total. Esto viola lo dispuesto en el artículo 178 de la Constitución, que corresponde a los municipios.
¿El motivo de este retraso? Desde la entrada en vigor de dicha ley nunca se han realizado elecciones para seleccionar a estos jueces, tal como establece la citada norma, que requiere del “apoyo técnico y logístico” del Consejo Nacional Electoral.
¿Y a ti cómo te afecta, venezolano?
Con el anuncio del relanzamiento del proyecto Casa de Justicia y Paz, las autoridades parecen enfatizar su estrategia de utilizar temas de justicia y seguridad ciudadana con fines electorales. No se puede olvidar que la Gran Misión A Todo Vida se lanzó justo en vísperas de las elecciones presidenciales de 2012 en Venezuela. Es preocupante que se trate más bien de una forma de profundizar el control social, que suele ocurrir en el período preelectoral. Dado que la jurisdicción especial comunal de paz no fue creada para ampliar el acceso a la justicia, este precedente se mantendría incluso bajo el TSJ, que carece de independencia judicial.
Además, la falta de transparencia e indiscreción con la que el TSJ ha llevado a cabo hasta ahora esta iniciativa da amplias razones para dudar de su eficacia en la lucha contra los retrasos sistémicos, la impunidad y el crimen.