con una Venezuela En Directo

Ha entrado la Ley de Supervisión, Regularización, Actuación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales, ONG, una alarmante iniciativa que podría menoscabar la efectividad de las asociaciones civiles en Venezuela y que ha sido criticada en un comunicado conjunto por 400 organizaciones nacionales e internacionales. La segunda discusión en el Parlamento venezolano, desde 2020 por parte del chavismo. Una elección controlada en la que no participó la oposición venezolana.
Para el país
Recién entrando el año, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, estableció el orden de prioridades del momento y pidió a los diputados iniciar el proceso de consulta pública para enriquecer el proyecto de ley, que fue presentado en 2023 por Diosdado Cabello y ya aprobado en la primera discusión.
La ley podría entrar en vigor este año, que es un año electoral en Venezuela. “Es deber de la Asamblea Nacional consultar a todo el pueblo de Venezuela y a las organizaciones involucradas en el ámbito de esa ley para tener una segunda discusión fructífera”, dijo Rodríguez en la sesión de debate.
Desde la época de Hugo Chávez, en 2005, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha debatido abiertamente cualquier instrumento legal que limite o niegue el contenido de las ONG venezolanas, particularmente aquellas que cuestionan el desempeño del gobierno.
La ley de fiscalización de ONG que se debate en la Asamblea Nacional, advierten expertos, va mucho más allá en términos de control y regulación que anteriores iniciativas de cooperación internacional impulsadas por la diputada chavista Eva Golinger hace más de una década.
Con un voluntarismo generalizado, el universo de asociaciones civiles y ONG aún ejercen fuerza en el tejido social del país, y ejercen un control efectivo sobre las violaciones y excesos del chavismo en materias como derechos humanos, transparencia administrativa, corrupción, gestión ambiental. Información sobre libertad de expresión o violencia social.
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