Tarek William Saab negó que Rossio haya sido desaparecido forzadamente en el caso San Miguel, pues dijo que se siguieron los procedimientos. Calificó de ‘delito’ que algo así le hubiera ocurrido al presidente de la ONG Control Ciudadano. Confirmó que estuvo en la sede de Sabin en Helicoidal
El fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, negó este miércoles 14 de febrero que en el caso de la detención de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, hubiera existido un caso de desaparición forzada. Aseguró que ya se giró orden de aprehensión contra el abogado; Fue notificado de su detención y se realizó audiencia previa a la sentencia.
Tarek afirmó que “la desaparición forzada es el secuestro de una persona que no aparece como detenida, que no es presentada ante el tribunal y que desaparece como asesinada”. El fiscal dijo que tales incidentes ocurrieron antes de 1999.
Indicó que San Miguel fue “presentado dentro del plazo legal correspondiente” el 12 de febrero. El activista de derechos humanos fue detenido el 9 de febrero, por lo que su comparecencia se produjo 72 horas después, en lugar de las 48 horas reglamentarias.
En ese sentido, Tarek William Saab opina que el caso de desaparición forzada del presidente de la ONG Control Ciudadano es “mentira” y menciona que se trata de un “delito”. Dijo que en su audiencia previa a la sentencia había otras cinco personas que “desafortunadamente” estaban presuntamente involucradas en la conspiración del “Pulsera Blanca”.
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Dijo que, entre otros delitos, el abogado fue acusado de sedición, conspiración, terrorismo y asociación.
Confirmó que el nombre de Rocío San Miguel fue “literalmente mencionado” en la orden de operación que mencionó el oficial de detención Anilo Heredia en su declaración. Incluso dijo que fue traicionado por militares que fueron detenidos como parte de la investigación.
Insistió en que su misión era, supuestamente, “comunicar el progreso real” de tal conspiración y señaló que él mismo lo admitió, del mismo modo que había “engañado” a las fuerzas armadas nacionales en Europa y Estados Unidos. Agregó que los datos fueron extraídos de conversaciones telefónicas grabadas que no mencionó porque el caso estaba activo y mencionó la existencia de documentos escritos de su puño y letra y que fueron digitalizados en un teléfono y una computadora portátil.
Saab explicó que el equipo de San Miguel fue detenido y luego liberado con medidas cautelares porque “intentaron ocultar material probatorio”, respecto de los equipos electrónicos que mencionó anteriormente y que las autoridades encontraron en Guárico.
Anunció que existe la posibilidad de más detenciones por este caso.
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Dijo que la medida de privación judicial de libertad preventiva contra el oficial en retiro Alejandro José González de Canales Plaza, exsocio del presidente de la ONG Control Ciudadano, fue dictada por la comisión del cargo del delito de revelación de secretos políticos y militares. . Obstrucción a la seguridad de la nación, la administración de justicia y la sociedad.
Confirmó que Rocío San Miguel se encuentra detenida en la sede de Helicoide y Sabine de Digisim en la Plaza De Canales.
Además, condenó una supuesta “campaña vehemente” de ONG en este sentido. Destacó que muchas organizaciones reciben “supuesta ayuda” de USAID; Según el fiscal, recibieron más de 130 millones de dólares “para ayudar al gobierno interino”. También los acusó de “mitómanos”.
“Es una instrumentalización de ONG y partidos políticos para proteger los intereses de potencias extranjeras en nuestro país (…) así, personas sin talento, sin historia de protección de derechos humanos, sin actividades de defensa” son descritas por los defensores de derechos humanos cuando son “Se les encuentra asociados con acciones desestabilizadoras contra el Estado. Y están detenidos”, advirtió Saab.
Antes de esto, el propietario Dr. Ministerio Público Aseguró que tienen “experiencia” en la gestión de los derechos humanos en Venezuela y destacó que desde su llegada en agosto de 2017, 2.262 personas han sido detenidas acusadas de violaciones a los derechos humanos; 2.612 fueron imputados, 983 privados de libertad y 543 condenados.
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