La situación política y social de Venezuela sigue provocando ansiedad y solidaridad entre los venezolanos que viven en el exilio, particularmente en Argentina, donde viven más de 200.000. Ante la falta de postura firme del gobierno de Javier Millei frente al gobierno de Nicolás Maduro, la activista Elisa Trota Gamús dijo a la canciller Diana Mondino que Argentina se sumará a los cargos contra el presidente venezolano por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI). .
Trota Gamús, quien fue reconocida como embajadora de Venezuela por el gobierno de Mauricio Macri, pero perdió ese estatus cuando Alberto Fernández llegó al poder, se reunió con líderes del Ministerio de Relaciones Exteriores a principios de mes y planteó las necesidades de Argentina. Respaldando nuevamente la solicitud de investigación presentada en 2018 por seis países americanos: Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá. Esa acusación fue desestimada por el gobierno de Fernández, que consideró que “el problema de los derechos humanos en Venezuela está desapareciendo”.
Pero la realidad de Venezuela muestra lo contrario. El gobierno de Maduro ha intensificado su represión contra los grupos de oposición, hundiendo el diálogo que había comenzado en Barbados y lanzando una ola de llamados para arrestar y encarcelar a activistas dentro y fuera del país. Además, prohibió electoralmente a la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, quien lideraba las encuestas de cara a las elecciones previstas para este año.
Ante este contexto, Trota también le pidió a Gamús Mondino que ayude a Argentina a “presionar con el resto de la comunidad internacional para que se cumpla el Acuerdo de Barbados y se celebren en Venezuela elecciones verdaderamente libres y transparentes, así como su liberación inmediata”. Los presos políticos han sido torturados periódicamente.” Por sugerencia de Clarín, el canciller aceptó el ofrecimiento del diplomático venezolano, pero no se comprometió a ninguna acción concreta.
Por su parte, el gobierno de Miley, que asumió el poder en diciembre pasado tras derrotar al kirchnerismo, ha mantenido una postura ambigua sobre Venezuela. Por un lado, calificó a Maduro de “dictador” y criticó su gestión económica y social. Por otro lado, evitó nombrar un embajador en Caracas y optó por enviar un encargado de negocios, que sería el diplomático Andrés Mangiarotti. Además, se distanció del Grupo de Lima, que impulsó políticas de aislamiento y sanciones contra el chavismo.
Esta actitud cautelosa del gobierno de Miley contrasta con la comunidad venezolana exiliada en Argentina, que exige más rigor al gobierno de Maduro.