El Plataforma Democrática Unida de la Oposición Venezolana El gobierno de Nicolás Maduro condenó la decisión de expulsar a funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Rechazamos la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la Oficina de Asesoría Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Caracas, que aprueba el carácter autoritario del régimen, que no quiere la presencia activa de la comunidad internacional. “Como testigo de las persistentes violaciones a los derechos humanos en nuestro país”, dijeron este jueves 15 de febrero, publicado en su cuenta en la red social X, antes Twitter.
El ministro de Asuntos Exteriores, Ivan Gill, anunció la medida, que da al personal de la agencia de la ONU 72 horas para salir de Venezuela.
¿Por qué se expulsa a los funcionarios de la ONU?
Justificó la medida afirmando que la oficina del Alto Comisionado había interferido en los asuntos internos y era una “caja de resonancia para la extrema derecha venezolana”.
Para el ministro de Asuntos Exteriores del país, mientras la fiscalía y el gobierno condenan e investigan presuntas actividades conspirativas, las Naciones Unidas no adoptan ninguna postura sobre estos hechos.
Pero la oposición condenó la acción e insistió.
“Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que rechace unánimemente esta decisión. Asimismo, le agradecemos una vez más su compromiso en la lucha por conquistar la democracia y la libertad del pueblo venezolano”, solicitó la coalición antichavista.
El gobierno exigió que la oficina corrija su “actitud colonial, degradante y violatoria de la Carta de la ONU ante la comunidad internacional” después de que su papel fuera cuestionado en las últimas semanas.
Las acciones de Miraflores incluyen revisar en los próximos 30 días el memorando de entendimiento que firmó en septiembre de 2019 con el organismo, que entonces encabezaba la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
En un comunicado los acusó de “convertirse en el bufete de abogados privado de golpistas y grupos terroristas que conspiran constantemente contra el país”.
La decisión se produjo tras la detención de la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y una rueda de prensa del Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Michael Fakhriquien criticó la distribución de bolsas de palmas, programa social impulsado por el chavismo.