con una Venezuela En Directo
Presidente de Colombia, Gustavo PetroEl lunes, el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores fue acusado de sedición. José Antonio Salazar, Por adjudicar el contrato de fabricación de pasaportes a Thomas Greig & Sons Company, por lo que fue despedido.
“El Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores nos ha traicionado. Su firma queda inmediatamente sin ejecutar. El acuerdo es corrupto y el poder de la empresa privada aquí involucra todo el proceso de Thomas Gregg & Sons y la monopolización de todos los datos privados por parte de una sola empresa privada”, dijo el presidente de Social Network X.
La semana pasada, el gobierno suspendió la licitación a la espera de una revisión de más de 550 observaciones realizadas por los interesados, en medio de una polémica encabezada por la Fiscalía General (Ministerio Público) para suspender del cargo al canciller colombiano, Álvaro, por tres meses. Leyva.
El Ministerio de Relaciones Exteriores también ha vuelto a delegar la autoridad para remitir la licitación a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, que será la encargada de coordinar los procesos administrativos, presupuestarios, legales y afines.
Sin embargo, Salazar firmó este lunes la resolución que adjudica un contrato de 599.000 millones de pesos (unos 149 millones de dólares) a la Unión Temporal de Pasaporte 2023, liderada por Thomas Gregg & Sons.
Un proceso engorroso
El Ministerio Público suspendió a Leyva en enero pasado por posibles irregularidades durante la licitación del contrato de elaboración de pasaportes.
Leyva acató la decisión y el presidente colombiano, Gustavo Petro, designó al embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, como ministro de Relaciones Exteriores interino.
Sin embargo, la Fiscalía General no ha suspendido a Salazar por el caso, pese a que lo investiga por presuntas irregularidades en la cancelación de una licitación de expedición de pasaportes desde septiembre pasado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores suspendió la licitación porque, según otras empresas interesadas en la licitación, no había libre competencia de la misma firma, Thomas Gregg & Sons, encargada de confeccionar las etiquetas de pasaportes y visas colombianas durante los últimos 17 años.
Al contrato con Thomas Gregg & Sons todavía le restaban tres años, por lo que la empresa anunció en diciembre pasado una demanda contra el Estado por 117.000 millones de pesos (unos 29,5 millones de dólares hoy), tras no lograr llegar a un acuerdo con el gobierno. ) Venezuela En Directo
