La ONG Prova afirmó este viernes que la decisión de apelación de la CPI es crucial para el proceso que se sigue en Venezuela y que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de Nicolás Maduro.
La FIDH y Provea aplauden la decisión y reconocen su gran relevancia en un entorno de impunidad afectado por una nueva ola de persecución a defensores de derechos humanos y el cierre del espacio civil en el país, señala Provea en su sitio web.
En una decisión emitida hoy, la Sala de Apelaciones de la CPI rechazó una apelación del gobierno de Maduro, que impugnó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de reabrir la investigación en Venezuela.
Coincidió con la Sala de Cuestiones Preliminares en que Venezuela no había investigado adecuadamente los crímenes de lesa humanidad, explicando que “las investigaciones internas de hechos aislados, sin examinar el carácter sistémico de su comisión y sin investigar las alegaciones fácticas que sustentan los elementos relevantes… No Abordar bienes jurídicos específicos protegidos por crímenes de lesa humanidad.”
Prova destacó que esto constituye un importante punto de inflexión en una nueva ola de represión y persecución política en el país, pues permite avanzar en la investigación.
“Un ejemplo de esta persecución, que continúa aumentando en el país, es el caso de Rocío San Miguel, figura histórica defensora de los derechos humanos, quien fue detenida arbitrariamente y juzgada el 13 de febrero de 2024, acusada de espionaje y conspiración. los cargos carecen de pruebas.