Amnistía Internacional (AI) ha responsabilizado al Gobierno venezolano de casos de desapariciones forzadas y torturas, en particular prácticas aplicadas contra la oposición, según el informe anual de la organización presentado este martes.
“Las desapariciones forzadas y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos”, forman parte de la “política de represión aplicada por el gobierno”, citando informes de diversas organizaciones no gubernamentales sobre presuntos abusos de las autoridades contra los ciudadanos.
AI explicó que estas víctimas comparecen ante el tribunal, “acusadas de organización criminal y otros cargos relacionados con el terrorismo” y luego son “trasladadas a un centro militar o policial” donde “esperan meses, o incluso años, hasta el juicio”.
Durante el período de seguimiento, cuyas fechas de inicio y fin no fueron explicadas en el informe, “continuaron las tácticas represivas por parte de las autoridades, como el uso del sistema judicial para silenciar la disidencia y la criminalización de quienes defendían los derechos humanos”, destacó la agencia. . Organización, que en este caso no proporciona su propio número.
Según AI, el país sudamericano tiene una “política de represión impuesta por el gobierno”, por lo que “quienes critican al 'poder ejecutivo' son sujetos a detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, con la aquiescencia del sistema judicial”.
Según el documento, “aquellos que pertenecían -o se percibía que pertenecían a- la oposición política eran atacados constantemente y corrían riesgo de detención arbitraria, tortura y otros abusos contra los derechos humanos”.
A mediados de marzo, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó el uso arbitrario del concepto de “desaparición forzada” al momento de detener a opositores o activistas acusados de delitos, en cuyo caso -aseguró- el Estado actuaría. De acuerdo con la ley.
El informe también incluye una evaluación de la “falta de acceso de los ciudadanos a los derechos económicos y sociales” y de cómo las protestas fueron motivadas por las fuerzas de seguridad “que respondieron con fuerza ilegal y otras medidas represivas”.
Además, AI afirmó que las condiciones en las prisiones y centros de detención “sin duda seguirán deteriorándose, en particular el hacinamiento y el suministro inadecuado de alimentos y agua”.
“Las poblaciones cautivas dependen de sus familias para que les proporcionen recursos básicos de supervivencia. “Continuaron las detenciones prolongadas en comisarías de policía y otros centros de detención ilegales”, añade el informe sin más detalles.