Las ONG recuerdan que la intervención de la Cruz Roja fue un proceso que violó uno de los principios humanos más importantes como es la libertad.
Activistas y defensores de derechos humanos se han negado a que la ONU firme un memorando de entendimiento con la directiva ad hoc de la Cruz Roja impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2023. El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la capacidad humanitaria y de asistencia técnica en Venezuela, según información difundida por el organismo.
“Es importante seguir promoviendo una respuesta humanitaria eficaz y coordinada para que llegue a las personas que más la necesitan de manera oportuna y eficiente”, afirmó un comunicado de prensa de la ONU emitido el viernes 26 de abril.
En la foto de la firma aparecen figuras como Riccardo Cusano, quien fue designado por el TSJ director de la Cruz Roja; y Gianluca Rampola, Coordinador Residente de la ONU en el país.
ONG como Acceso a la Justicia, Laboratorio de Paz y Espacio Público han rechazado la ley. Violación de las políticas que rigen la asistencia humanitaria.
Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, señaló, por ejemplo, que “no hay ayuda humanitaria eficaz sin garantías de independencia e imparcialidad” y recordó que “la Cruz Roja intervino (…) en el nombramiento arbitrario de los junta directiva y miembros de esa asociación sin consulta.
Por su parte, la investigadora Lexis Rendón pidió continuidad a Naciones Unidas e indicó que la Cruz Roja Venezolana “Una organización con una junta impuesta sin independencia que viola los derechos de los asociados.” Su intervención, añadió, fue “el peor caso de intervención de una organización de la sociedad civil en Venezuela por parte del Estado venezolano”.
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Saúl Blanco, integrante de Espacio Público, también aseguró “La intervención de la Cruz Roja fue un proceso que violó el principio humano más importante, la libertad”.. Cuestionó que la intervención duró un año “aunque mejoraron la estructura organizacional”, pero ocho meses después aún no hay avances para restablecer el normal funcionamiento de la entidad.
En agosto de 2023, la Corte Suprema nombró una junta para reestructurar el organismo multilateral internacional debido a acusaciones de corrupción por parte de la antigua junta liderada por Mario Villarreal. La Corte Suprema designó a Ricardo Cusanno, ex presidente de Fedecámaras.
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