Un total de 31 organizaciones señalaron este martes que la reciente detención de tres personas en el Estado portugués fue un “acto de opresión y represión” que “incumplió lo establecido en el Acuerdo de Barbados”, acuerdo firmado entre el gobierno venezolano. y la coalición mayoritaria de oposición, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
“Condenamos y rechazamos la política de criminalización, estigmatización, persecución y judicialización contra actores asociados a organizaciones políticas ante la comunidad nacional e internacional”, expresaron en un comunicado.
También dijeron que Óscar Castañeda, Víctor Castillo y Ámbar Márquez fueron detenidos “sin orden judicial alguna” y “por presuntos funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), en el marco de la visita de la dirigente opositora María Corina Machado a Portugal, para el Elecciones presidenciales del 28 de julio.” para respaldar la candidatura del candidato del PUD, Edmundo González Urrutia.
Castillo Vente director del comando de propaganda venezolano, equipo de Machado; Díaz Primero es vicepresidente del Partido Justicia y Castañeda Turén participó en el acto opositor municipal.
“Al ser este el primer acto de conversión del candidato Edmundo González, constituye un grave precedente que podría impactar negativamente el desarrollo de la campaña electoral, así como el derecho de todo el pueblo venezolano a votar y ser elegido”. dijo Satta.
Las 31 organizaciones recordaron que el Acuerdo de Barbados establece “un clima político y social propicio para la promoción del discurso público y el desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”, así como medidas para garantizar “la seguridad, la libertad de movimiento y las reuniones para todos”. candidatos en todo el territorio nacional”.
Exigieron que el Estado “respete la vida y la integridad de los tres ciudadanos detenidos arbitrariamente”, así como “el respeto a su derecho a la defensa y al debido proceso, incluida su capacidad de contratar abogados creíbles”.
Además, pidieron el “cese inmediato de la política de criminalización, persecución y judicialización contra actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas que promueven sus campañas electorales”.
Entre los firmantes, que incluyen organizaciones sociales y de derechos humanos, se encuentran Acceso a la Justicia, Alianza de Familiares y Víctimas en Venezuela, Observatorio de Violencia LGBTIQ+.