Prova considera que “Maduro ha impedido un ambiente propicio para la superación de la pobreza y la promoción del valor de los derechos humanos y la democracia al desconocer sus obligaciones en materia de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”. Entre 2013 y 2023 se registraron 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, incluidas 1.652 víctimas de tortura y 7.309 víctimas de tratos crueles.
El Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos de Venezuela (PROVIA) presentó su informe anual 2023 advirtiendo que la administración de Nicolás Maduro —quien ya lleva 11 años en el poder— “ha fracasado en proteger y garantizar los derechos fundamentales de los venezolanos. “”La ONG califica estos años como “pobreza y represión”.
El documento describe los principales avances, barreras, obstáculos y amenazas a la realización de 14 derechos humanos en el país.
Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Venezuela Programa Acción Educativa en Derechos Humanos (PROVIA), denunció que el régimen de Maduro es una doble violación de un contrato social, no sólo de la constitución, sino de quienes protestan. Se persigue el desconocimiento de la Carta Magna.
La coordinadora del programa Prova, Lisette González, dijo que 10.000 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado desde 2013 hasta el año pasado. Al mismo tiempo, 43.000 víctimas de violaciones a la integridad personal, incluidas víctimas de tortura, y 7.309 víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Murillo calificó al gobierno de Maduro como un “gobierno antiobrero” y recordó que 120 dirigentes sindicales han sido detenidos arbitrariamente y 3.479 trabajadores han sido amenazados.
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Asimismo, denunció la situación de los derechos laborales en el país que sigue caracterizándose por “la disminución del poder adquisitivo, la incertidumbre y el deterioro de la calidad de vida de los trabajadores”, profundizando la crisis económica. Más del 45% de los hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, con un salario mínimo de Bs 130, que hoy representa 3,5 dólares al cambio oficial del BCV, y que no cubre las necesidades básicas de una persona.
El informe de Provea también registró que la desnutrición prevalece en el país y que ha aumentado un 20% “en sólo 10 años” y sólo en 2023 “alcanzará el 22,9%, la cifra más alta de la región”, afectando a 6,5 millones de personas.
Defensores de derechos humanos recuerdan que los bonos asociados al “Carnet de la Patria” son excluyentes porque se otorgan a discreción del gobierno. De igual forma, indicaron que el Comité de Abastecimiento y Producción Local (CLAP) es inadecuado, con frecuencia irregular, poca variedad y calidad de los productos, abasteciendo sólo el 15,5% de las necesidades calóricas requeridas por una persona.
Los resultados del informe Provea arrojaron que sólo el 16% de los hogares consume suficiente comida, el 50,6% dedica casi todo su presupuesto a la alimentación y el 45,2% sacrifica.
En cuanto al acceso a los servicios básicos, las estadísticas también son alarmantes: el 69% de la población sufre severas restricciones en el acceso al agua potable, el 61,9% sufre cortes severos de electricidad y el 49,4% tiene muy poco acceso a los servicios de transporte.
Prova considera que “Maduro ha impedido un ambiente propicio para la superación de la pobreza y la promoción del valor de los derechos humanos y la democracia al desconocer sus obligaciones en materia de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”.
Según Provera, “la crisis sólo se resolverá cuando se escuchen las demandas de justicia e igualdad de derechos para todas las personas y las instituciones vuelvan a cumplir su mandato constitucional”.
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