El Instituto Casella informa Informa de la existencia de un nuevo centro secreto Sabine en Caracas, donde los funcionarios son entrenados por “agentes cubanos”. La abogada Tamara Suzu confirmó que el dictador Nicolás Maduro “tiene funcionarios que ejecutan directamente sus órdenes” para reprimir y torturar a los disidentes.
Este jueves 2 de mayo el Instituto Casala presentó su séptimo informe ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El documento detalla torturas “similares a la Inquisición”, la participación y entrenamiento de “agentes cubanos” en graves violaciones de derechos humanos, un nuevo centro para el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y una mayor persecución y represión sistemática contra la oposición. .
La abogada Tamara Suzu, presidenta del instituto, relató el testimonio de dos víctimas que denunciaron haber sido azotadas en las plantas de los pies por agentes cubanos además de utilizarles “grilletes de presión en los tobillos” y descargas eléctricas. Durante el traslado a un centro de salud por fracturas en sus partes íntimas, debido a torturas.
“Me quitaron los zapatos y como todos los días, me mantuvieron boca abajo y empezaron a azotarme con los zapatos. Algunos de estos latigazos agravaron las heridas previas infligidas por los agentes de la Dgcim. Varias uñas de los pies se cayeron después de unos días de golpes y torturas. . Había un cubano, que se rió y dijo que me estaba golpeando: 'Supongo que no le estás pegando lo suficientemente fuerte al grandullón. Creo que te voy a mostrar cómo se hace'. “Ese cubano me azotó brutalmente la pierna”.
El Instituto Casella ha documentado 16 nuevos casos, enviados a la Corte Penal Internacional, que reúne los casos de al menos 35 personas. 12 de ellos son civiles y 11 son militares. Se registraron 14 casos por parte del Sebin, 11 casos por parte de la DGCIM, tres casos por parte de la Guardia Nacional, tres casos por parte de agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en cuatro casos se registró una acción conjunta de todas estas fuerzas de seguridad.
El abogado destacó que entre los casos registrados de tortura, especialmente física, algunos fueron “similares a los de la Inquisición”, debido a grilletes de presión, objetos cortantes en clavos, látigos en las plantas de los pies, descargas eléctricas, asfixia. bolsas de plástico que contienen sustancias tóxicas o agua contaminada; manos colgantes; golpear y patear; golpear las uñas hundidas con tablas y martillos, procedimiento llamado “manicura”; Las personas son azotadas con varas o cinturones con hebillas de metal, golpeadas en la cara y arrancadas de los dientes con alicates; Violación o agresión sexual, así como amenazas de violación o agresión sexual.
En al menos cuatro incidentes, señaló la ONG, participaron funcionarios cubanos. También registraron que algunas personas fueron sometidas a aislamiento por entre cinco días y siete meses, así como amenazas de muerte, simulacros de ejecución, detención de familiares sin importar edad o condición física, falta de alimentos, agua o asistencia médica.
El Instituto Casla lo explica en su informe Dos presos políticos intentaron suicidarse tras ser torturadosSe sienten aprisionados por la depresión y la desesperación.
Tamara Suzu subrayó que algunas detenciones de opositores fueron “planificadas por el propio ejecutivo”, en cooperación con sus servicios de inteligencia y sancionadas por el poder judicial. En este esquema, insisten sus defensores, los funcionarios “que Responden directamente al Presidente de la República y el Vicepresidente”, y “ejecutan sus órdenes directamente sin pasar por la cadena de mando”.
Entre ellos se encuentran el titular de la Dirección de Acción Estratégica de la Dgcim, Alexander Gramco Arteaga, el director del Sebin, Gustavo González López, y el titular de la Dirección de Acción Estratégica y Táctica de la PNB, Miguel Domínguez.
“Obtienen generales, comandantes (…) botín de guerra, múltiples compañías y hasta equipos de entrenamiento, además de impunidad. “Así es como blanquean sus ganancias ilegales”, afirmó.
También denunció la existencia de un nuevo centro secreto en Sabine, llamado CPOD, que servirá como base de entrenamiento, unidad de “control visual”, análisis y detención de la agencia de seguridad.
Supresión sistemática
En su séptimo informe, el Instituto Casala registró un aumento en la persecución de venezolanos exiliados a través de órdenes de arresto internacionales, intimidaciones y amenazas, así como una represión y persecución sistemática a líderes políticos, sindicalistas, activistas y defensores de derechos humanos.
“Aunque no vemos la magnitud, la represión es sistémica y generalizada”, explica Tamara Suzu, y se siguen registrando graves violaciones de derechos humanos como torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
“Lo que creo es que esta represión se ha vuelto más cruel e intensa. Se trata de romper cualquier tipo de cohesión dentro de la sociedad civil”, afirmó el abogado, quien recordó que tras el llamado a activar la “furia bolivariana” por parte del gobernante Nicolás Maduro. Estas medidas se intensificaron, resultando en detenciones y vandalismo en viviendas y sedes de partidos políticos.
Para el Instituto Casala, esta generalización es parte de la represión sistemática ordenada por el jefe de Estado contra la líder María Corina Machado y su partido, luego de que Vente Venezuela fuera catalogada como una “organización terrorista”. Recordó que seis de los coordinadores y el secretario general de Vent fueron detenidos y otros seis se encuentran bajo resguardo de la embajada argentina.
“En Venezuela, pertenecer a un partido político de oposición, ser familiar de alguien perseguido o detenido por motivos políticos como Yosida Monasterios, ser activista social o director de una ONG, como la famosa abogada Rocío San Miguel; tener nacionalidad estadounidense como Edgar Marvel ; o eventos irregulares en redes sociales, derechos humanos basta con monitorear, hostigar, montar o intimidar y obstruir a funcionarios como los abogados Fanny Cruz y Armado Collina.
En medio de este crecimiento represivo, el Instituto Casella pudo identificar parte de un patrón:
- Entrega de los prisioneros en secreto, a altas horas de la noche, a la sede de los servicios de inteligencia.
- Violación del derecho de defensa e imposición de defensa pública.
- Impedir que los abogados fiduciarios accedan o actúen en nombre de sus clientes. Todas las víctimas llegan a la audiencia preliminar sin ningún material que las exonere del presunto hecho.
- Se cree que el acusado, mediante denuncia, fue torturado por otros detenidos. Luego de mostrar los videos, el fiscal anunció una orden de arresto “usando como prueba la confesión de la víctima”.
- Aislamiento durante semanas o meses. A sus familiares no se les permite verlos “para evitar que denuncien el incidente”.
El abogado también se refirió a la muerte en Chile del teniente Ronald Ojeda, quien dijo fue “secuestrado por el tren Aragua” y comentó que estaba vinculado al grupo operativo “Brazalet Blanco”, en lo que las autoridades calificaron como un presunto complot para atentar contra . Contra Nicolás Maduro y objetivos militares en enero de este año. En el hecho participaron al menos 35 personas, entre ellas la activista Rocío San Miguel.
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