Según autoridades del gobierno chileno, un total de 65 ciudadanos venezolanos han sido deportados desde Chile a Caracas este viernes por cometer delitos o violar las normas migratorias.
“Quienes cometan delitos o ingresen irregularmente a nuestro país serán deportados. “Es una minoría de extranjeros que vive en nuestro país, pero es una minoría que hace mucho daño”, dijo Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migración de Chile (Cermig).
De los deportados, 55 cometieron delitos como robo con intimidación, robo con violencia, tráfico de drogas o posesión de armas de fuego; Otras 10 expulsiones fueron de carácter administrativo por ingresar al país por una ruta no autorizada.
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“Estamos trabajando para hacer que los procesos de deportación sean más efectivos y mejorar la capacidad del Estado”, dijo Thayer, añadiendo que se necesitan “mayores poderes para la policía y el Servicio Nacional de Inmigración”.
Chile expulsó a 411 personas
En lo que va de 2024, según datos proporcionados por el gobierno, 411 personas han sido deportadas a diferentes países, 208 por motivos administrativos y 203 por órdenes judiciales.
La deportación judicial, descrita en un comunicado emitido por el gobierno chileno como un “castigo alternativo” para los extranjeros que han sido condenados a menos de cinco años y un día de prisión y que permanecen en el país privados de su libertad, se deporta una vez que un tribunal ha ordenado la sustitución de la pena y se hace efectiva fijar un plazo para hacerlo.
Además de Cermig, en el proceso participa la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), “encargada de identificar y detener a las personas para realizar deportaciones y llevarlas a sus países de origen”.
Colombia, con 155 expulsiones, y Venezuela, con 146, son con diferencia las nacionalidades más expulsadas en Chile en 2024.
2019 fue el año con mayor número de deportaciones del país sudamericano desde 2018, con un total de 2.232. De ellos, 202 son administrativos y los 1.268 restantes son judiciales.
La migración irregular no es un fenómeno nuevo en Chile, pero ha crecido rápidamente en los últimos años. Según la PDI, cerca de 44.000 personas ingresaron irregularmente por rutas clandestinas en 2023.