Carlos Correa, director de Espacio Público, destacó el proceso de transformación y cambio de los medios públicos -del cual no pudieron precisar un motivo claro-, así como la disminución generalizada en el número de medios de comunicación a pesar del crecimiento de los portales web. Consideró que la crisis económica podría ser uno de los factores que influyen para el cierre de medios públicos
La asociación civil Espacio Público ha denunciado el declive de los medios de comunicación en el país, mientras se evidencia la censura “con expresión geográfica”, especialmente en los estados fronterizos, que impiden a los ciudadanos acceder a información confiable o expresar sus opiniones sobre asuntos de interés público a través de episodios de intimidación, detención o acoso.
Espacio Público presentó este viernes su informe 2023 sobre la situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, en el que destaca que si bien hubo una disminución del 11% en los casos relacionados con este derecho el año pasado respecto a 2022, esto no significa el retiro. de detenciones, miedo a los medios de comunicación y a la sociedad civil en general ante situaciones de alarde o acoso.
Esto no significa, señaló la asociación, “que en el país se estén implementando políticas para garantizar el derecho a la libertad de expresión; por el contrario, persisten limitaciones estructurales al derecho a buscar, difundir y recibir información”.
Sólo en 2023 se registró un descenso mediático total del 7,41%. En el caso de los medios privados experimentaron una contracción del 3,93% mientras que las estaciones de radio experimentaron una caída del 38%. Las estaciones de televisión también han bajado un 45% desde 2022.
La mayor concentración de medios de comunicación se encuentra en el Distrito Capital, Miranda, Lara, Barinas y Julia. En los estados limítrofes, particularmente en el sur del país, los cierres de medios de comunicación han sido significativos en los últimos años, dejando a un sector de la población sin opciones para acceder a la información.
En 2023 se registraron alrededor de 28 detenciones de personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión, un aumento del 65% respecto a 2022.
“Suelen ser una medida de represalia ante acusaciones antigubernamentales enviadas a través de mensajes o aplicaciones de mensajería instantánea difundidas en redes sociales. Esta situación mantiene la alerta sobre la creciente amenaza a la privacidad por la interferencia de las comunicaciones privadas”, destacó Espacio Público.
El año pasado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONTEL) también registró el cierre de unas 12 estaciones en ocho estados del país. En la mayoría de los casos, las quejas se presentaron sobre revisión administrativa o vencimiento de exenciones, un proceso que la agencia ha negado durante años.
Carlos Correa, director de Espacio Público, destacó el proceso de transformación y cambio de los medios públicos -del cual no pudieron precisar un motivo claro-, así como Disminución global del número de medios de comunicación a pesar del crecimiento de los portales web. Consideró que la crisis económica podría ser uno de los factores más influyentes en el cierre de los medios públicos.
Además, calificó de “preocupante” la creciente aplicación de leyes restrictivas contra particulares y periodistas, así como la intimidación asociada a las detenciones.
“No hay diferencia en nuestro pensamiento de que habrá una relación diferente entre el reportero, los medios y el Estado (en el contexto electoral). Hay una voluntad por parte de los periodistas venezolanos de seguir informando. Si seguimos documentando estos casos, es por la voluntad de seguir denunciando a la gente”, afirmó.
Medios más grandes desactivados
Marisabel Rodríguez, socióloga y coordinadora del Observatorio Social Espacio Público, también presentó los resultados de la evaluación del primer trimestre de 2024. Entre enero y abril, destacó la asociación, se reflejó de una forma u otra un patrón histórico de violaciones a la libertad de expresión. . Durante ese período se registraron 68 casos, lo que representa un aumento del 22% respecto al trimestre de 2023.
Las violaciones más frecuentes de la libertad de expresión fueron la intimidación de la cobertura periodística, la censura, incluido el cierre de medios de comunicación, y el acoso judicial.
En los primeros cuatro meses del año, Cierran 13 emisoras de radio en los estados del occidente y sur del país (Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Portuguesa, Trujillo y Zulia) por orden de Conatel.
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Al menos 18 personas han sido detenidas en relación con el ejercicio de la libertad de expresión e información. Nueve fueron acusados de delitos de odio. Los más afectados son los individuos (infociudadanos, usuarios de redes sociales y expertos contaminadores de opinión).
“Hay cierta brutalidad contra este tipo de personas porque pueden llegar e influir, no necesariamente en los medios, sino en sus comunidades, con el objetivo de crear un efecto disuasorio”, dijo Rodríguez, quien advirtió sobre una repetición de un Patrón en el que la violencia se intensifica en el contexto de las elecciones, lo que tiene más impacto en la seguridad física.
Leyes contra el odio
Saúl Blanco, abogado y miembro del programa de campaña, defensa y acción pública de Espacio Público, destacó durante la presentación del informe que existe un vínculo entre esa diversidad entre los medios y una política pública restrictiva: las leyes contra el odio.
El abogado señaló que la ley, promulgada en 2017 por una Asamblea Constituyente disfuncional e inválida, es abstracta y general, con sanciones desproporcionadas y utilizada para oprimir y criminalizar.
Esto “tiene un impacto real en la integridad de la vida de las personas que quieren agredir. Muchas veces se les acusa de incitar al odio pero no se explica el impacto público”, destacó el experto de Espacio Público, quien cree que todo discurso debe caer. bajo la misma responsabilidad.
“No es lo mismo un discurso que respalda violaciones de derechos humanos, que incluye responsabilidad penal, que responsabilidad política y administrativa”, explicó.
Desde la promulgación de la ley, Espacio Público ha contabilizado 162 casos relacionados con la ley contra el odio. De ellos, 72 resultaron en acoso judicial, 62 detenciones, 15 episodios de censura y cuatro amenazas. De las 90 víctimas identificadas, la mayoría (32) eran individuos, seguidas por 21 funcionarios gubernamentales, 17 periodistas/reporteros y ocho ONG o sus miembros.
Blanco afirmó que debe exigir al Estado venezolano “frenar mediante leyes este tipo de persecución” y priorizar otro tipo de políticas acordes con los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables. También recomendó a la sociedad civil exigir derechos basados en estándares internacionales. “Es importante que profundicemos en estos grupos vulnerables (mujeres, comunidad LGBTI, inmigrantes), para documentar violaciones de derechos humanos y crear mecanismos para evitar la censura y el control y la prevención”.
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