Un juez federal de México concedió una solicitud de libertad temporal a favor de ocho militares acusados de desaparición forzada y crimen organizado en el marco del caso Ayozinapa, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en un comunicado publicado en sus redes sociales este jueves. . Cuenta x.
De acuerdo con información recabada por medios locales de fuentes judiciales, la jueza Raquel Duarte Cedillo, adscrita al Circuito Judicial de Toluca, otorgó cambios a las medidas cautelares de los oficiales Gustavo Rodríguez, Omar Torres, Juan Andrés, Ramiro, Roberto de los Santos, Eloy. Estrada, Uri Yashiel y Juan Sotelo, quienes forman parte de los Batallones de Infantería 27 y 41 del Estado de Guerrero.
Duarte Cedillo rechazó la acusación de “alto riesgo” de fuga que alega la Guardia Nacional y aceptó el testimonio presentado por peritos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Cedena), quienes sostuvieron que no existía tal peligro.
Sobre esta base, el jurista concluyó que la prisión preventiva no era adecuada, necesaria ni proporcionada y la sustituyó por una libertad condicional que incluía el pago de una garantía de 100.000 pesos (unos 6.000 dólares), comparecencias judiciales cada 15 días y su entrega. Pasaportes, así como prohibiciones de salir del país y de entrar en contacto con víctimas o testigos del caso.
Un juez repetido
Esta es la segunda vez que el juez Duarte Ayozinapa otorga medidas favorables a militares en el marco de dos casos: el primero referido directamente a la desaparición de 43 estudiantes comunes y el segundo señalando su presunta vinculación con ella. El grupo criminal Guerreros Unidos, la llamada Noche de Iguala, es aparentemente responsable de los crímenes.
Se les otorgaron medidas cautelares similares a las que recibieron en esta ocasión en enero pasado, aunque en ese momento se les fijó una fianza de 50.000 pesos (unos 3.000 dólares) y también se les prohibió viajar al estado de Guerrero. Sin embargo, el 1 de febrero tuvieron que regresar a prisión.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, lo ocurrido es un indicio de que “Cedena continúa litigando a favor de los militares imputados en el caso Ayozinapa, lo que se suma a su renuencia a entregar todos los documentos de su expediente”.
