Lavinia Valbonesi, esposa del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y miembros del gobierno están hoy envueltos en un escándalo por un proyecto inmobiliario que destruirá manglares en un área protegida en Olón, provincia de Santa Elena.
La Asamblea Nacional (Parlamento) solicitó respuesta al Ejecutivo sobre las quejas de vecinos de esa zona costera sobre la tala del manglar de Esterillo Oloncito para construir urbanización por parte de la empresa Vinazine SA, de la cual Valbonesi es principal accionista.
Para hoy cinco ministros han sido convocados a la Comisión Permanente Especializada en Gobierno Autónomo, Descentralización, Mérito y Organización de Circunscripciones Asambleales.
Los convocados a la mesa legislativa hoy miércoles son el ministro de Medio Ambiente, Sade Frischi; Roberto Luque, de Obras Públicas y encargado de la cartera de Energía y Minas; la jefa de Interior, Mónica Palencia; Nielsen Olsen, Turismo; y Gian Carlos Loffredo, de la defensa.
Medios locales y organizaciones ecologistas indican que el ministerio que preside Fritchie aprobó proyectos de desarrollo urbano en zonas declaradas como “bosques y vegetación protectores” en 2001.
En entrevista con Medio BN Periodismo, Roberto Palacios de la Fundación Ecológica Oloncito criticó que estén con la anuencia de las autoridades ambientales y argumenta que esos terrenos son de su propiedad. Compañía Vinazina.
Esa entidad planificó un proyecto denominado Eco, que consta de un conjunto de cuatro edificios de diferentes pisos cada uno, e incluirá áreas sociales y verdes, estacionamientos de visitas, vías de llegada, acceso a la playa, entre otras obras.
Además, los trabajadores denunciaron que el ministro Lucas es uno de los accionistas de la empresa Geoseismica, encargada de las investigaciones para la construcción de la urbanización y que la hija de Palencia tramitó el permiso para la obra.
Ante las protestas de los vecinos, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden y del Grupo de Operaciones Especiales acudieron este martes al lugar.
Los legisladores del movimiento Revolución Civil exigieron la suspensión inmediata del proyecto y una investigación completa sobre las irregularidades y conexiones políticas que facilitaron la atrocidad.
“Las sugerencias populares y el uso inapropiado de la represión policial contra ambientalistas y miembros de las comunidades locales muestran un abuso de poder que no podemos tolerar”, subrayó la organización política, citando la presencia de uniformados en la zona.