España dedicará este año más de 8 millones de euros a garantizar una adecuada atención sanitaria a las personas de nacionalidad española residentes en el extranjero, la mayor parte de los cuales se destinarán a inmigrantes residentes en Venezuela.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración de España, el Gobierno tiene actualmente 19 contratos en vigor o en renovación con sistemas públicos o compañías aseguradoras privadas en 14 países.
Estos acuerdos se suscriben con Argentina, Brasil y Bolivia (en ambos casos parte de sus territorios), Chile, Colombia, Ecuador, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Rusia, Uruguay y Venezuela.
En 2023, 6.307 españoles se beneficiaron de este apoyo para el reparto de 6.409.344 euros y para este año, el gasto superará los 8 millones de euros, debido principalmente a la prórroga de un convenio firmado entre el Gobierno español y la Fundación España Salud. Venezuela.
Dedicado a garantizar la asistencia sanitaria a los ciudadanos españoles residentes en este país que no pueden recibir las prestaciones adecuadas por falta de recursos económicos, este acuerdo es el más importante por número de beneficiarios, 4.092 e inversiones, con casi cinco millones de euros. .
España se comprometió el 3 de abril a incrementar la cantidad destinada a cada pensionista beneficiario de esta ayuda, que pasará de 960 a 1.200 euros por persona considerada en el nuevo acuerdo.
La Fundación España Salud se creó en 2006 para prestar “asistencia médico-quirúrgica y farmacéutica” a los inmigrantes españoles beneficiarios de pensiones del sistema español de seguridad social y asistencia por invalidez, aunque sus actividades son extensibles a todos los ciudadanos. español, y su principal apoyo financiero es el gobierno español.
Este apoyo del Ejecutivo a los ciudadanos residentes en el extranjero se recoge en el Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria cuando ésta sea insuficiente para los españoles residentes en el extranjero y no dispongan de medios propios para acceder a ella. .
También en la Ley 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación a los ciudadanos de origen español desplazados como minoría durante la guerra civil y que hayan pasado la mayor parte de su vida fuera de España, para que vivan en el país donde puedan recibir la asistencia adecuada. .