Ángel Fuenmayor, director general contra los Delitos Comunes, y Álvaro Cabrera, director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Venezuela, llegaron este martes a Chile para colaborar en la investigación sobre el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. En Santiago el pasado mes de febrero.
Sin embargo, el titular del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia, ha negado que tanto él como el fiscal Héctor Barros se reúnan con la delegación venezolana en el marco del caso Ronald Ojeda.
Explicó que, luego de recibir la información, dijeron que, dada la poca antelación que les dieron, iban a tener dificultades para organizar una agenda.
“Sin embargo, persisten con la iniciativa (…) este jueves habrá una reunión -en Santiago- con el jefe de nuestra unidad de cooperación internacional con la Fiscalía Nacional de Venezuela”, dijo.
Al ser consultado sobre si asistiría, Valencia respondió “Mi agenda está comprometida toda esta semana y esta semana estaré fuera de Santiago (…) El fiscal (Héctor) Barros no está programado, él también tenía una agenda comprometida”.
Anteriormente, el fiscal chileno expresó su satisfacción por la voluntad de cooperación de las autoridades venezolanas. “Nos alegra saber que ha reiterado su disposición de cooperar, información que nos parece muy gratificante y muy positiva; Por supuesto que uno espera que esa expresión de voluntad se traduzca en acciones concretas, pero el hecho de expresarla siempre es positivo”, afirmó el fiscal nacional, quien recordó que las fiscalías de ambos países tienen “múltiples relaciones” en general y ” sobre muchos temas más allá del caso Ojeda”.
Sólo un acusado en el caso Ronald Ojeda, un joven de 17 años, también de origen venezolano, se encuentra detenido desde marzo. El fiscal Héctor Barros vinculó el crimen con el grupo criminal Tren de Aragua.
Los restos del exmilitar venezolano fueron encontrados a 1,4 metros de profundidad debajo de un bloque de cemento en medio de un operativo policial en la comuna de Maipú.
Los familiares no fueron informados sobre la reunión, lo que generó preocupación. El abogado Juan Carlos Manríquez dijo que “como querellantes somos los únicos que expresamos nuestra preocupación por no haber sido invitados a la reunión, aun cuando las víctimas directas de este caso son las más interesadas en un esclarecimiento inmediato de los detalles”.
