El Defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo LeBlanc, presentó este martes una denuncia penal por más de 400 casos de presuntas violaciones ocurridas en la selva del Darién, frontera natural entre el país centroamericano y Colombia, por donde cruzan en su viaje miles de migrantes irregulares. A América del Norte.
Luego de inspeccionar y recibir más de 400 denuncias de violaciones físicas, delitos sexuales cometidos en la selva colombo-panameña, LeBlanc presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía Es importante, la selva colombo-panameña, porque nosotros). No puedo decir que todos sucedan en el Darién panameño, anunció el funcionario a los periodistas.
En un comunicado, la Defensoría del Pueblo indicó este martes que ya abrió una investigación de oficio contra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y Médicos Sin Fronteras, donde se solicitaron informes (en el caso de presuntas violaciones contra migrantes ) a través de oficios dirigidos a estas entidades.
Explicó que Médicos Sin Fronteras (MSF) había redactado informes sobre presuntas violaciones contra migrantes irregulares hasta abril de 2023 y hasta que cesen sus actividades en la frontera del Darién, dijo el titular de la Defensoría del Pueblo.
Las operaciones de MSF en la frontera del Darién fueron suspendidas por el gobierno panameño a principios de marzo pasado, después de que expirara un acuerdo bilateral y las ONG denunciaran un dramático aumento de las violaciones de migrantes en la selva.
Se trata de “más de 400 presuntas víctimas de violaciones, violaciones, abusos y otros delitos ocurridos en la selva colombo-panameña”, dijo LeBlanc.
“MSF estuvo informando desde abril hasta el momento de su salida, sin embargo, no informó periódicamente sino que entregó la información en paquetes al Ministerio de Salud”, explicó el Defensor del Pueblo panameño.
Explicó que “en muchas formas” los casos de presunta violación “no tienen un nombre que identifique a la víctima”, pero proporcionan una “sugerencia” de que está involucrada “alguna actividad criminal, es decir, crimen organizado”. “Puede que no parta de Panamá, puede que venga de Ecuador, Colombia, otras latitudes”.
La Defensoría del Pueblo mantiene investigaciones relacionadas con derechos humanos, “pero ahora va a abrir una investigación penal para verificar si hay delincuencia organizada, si le está sucediendo a ciudadanos, mujeres y hombres también”, dijo LeBlanc.
Más de 520.000 personas móviles, el 20% de los cuales son menores y adolescentes, llegaron a Panamá en 2023 tras cruzar la selva, una cifra sin comparación.
La magnitud del flujo migratorio, que ha visto a más de 160.000 personas viajar a través de la selva en lo que va de año, ha hecho temer que 800.000 viajeros irregulares puedan llegar en tránsito a Panamá este año en 2024, como advirtió Unicef.
Panamá recibe a migrantes en estaciones con presencia de una decena de organismos internacionales, donde les toma sus datos biométricos -las estadísticas muestran que la mayoría son venezolanos- y les proporciona atención sanitaria y alimentación antes de abordar autobuses, que ellos mismos pagan como pasajeros, que los llevó viajar a la vecina Costa Rica para continuar su camino hacia América del Norte.
En este contexto, hay informes de violaciones, así como de robos y asesinatos de migrantes, incluidas mujeres y niñas, a manos de bandas criminales.
Jorge Gobeya, director del Servicio Nacional de Fronteras (Cenafront) de Panamá, dijo en abril pasado que el “Clan del Golfo” colombiano es el encargado de organizar el flujo migratorio por el Darién y que “junto con los panameños, con los latinos, con los indígenas y los colombianos, Se abren paso por territorio panameño. Tratando de abrirse, tratando de reunir migrantes, explotándolos y transportándolos, creando campamentos secretos.