Este viernes, Argentina reincorporó los cargos existentes contra el gobierno de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya por la comisión de crímenes de lesa humanidad ante violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.
Así, la denuncia interpuesta en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri ante Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, de los que el presidente kirchnerista Alberto Fernández decidió separarse en 2018; Por primera vez un grupo de estados ha demandado a un tercero ante los tribunales
“A partir de hoy, la República Argentina ha informado a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporar la remisión realizada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se retiró en 2021”, escribió Argentina en un comunicado.
“Esta decisión es consistente con las acciones y declaraciones que viene tomando el gobierno argentino desde el 10 de diciembre de 2023 ante el deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela”, agrega la carta.
Finalmente, aseguraron que “la República Argentina seguirá luchando por el restablecimiento del Estado de derecho en Venezuela y la defensa de los principios de libertad y democracia”.
¿En qué consiste la denuncia?
Durante nueve meses, expertos internacionales independientes convocados por la OEA recopilaron información, tomaron decenas de testimonios de víctimas y testigos y analizaron pruebas presentadas por grupos de derechos humanos.
El informe constaba de 489 páginas, en las que también se analizaban ataques contra líderes opositores del chavismo.
Según la denuncia, tenían un “patrón sistemático y generalizado de persecución política, acoso a estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas”. Se utilizaron todas las “herramientas” para aterrorizar al pueblo venezolano.
Según Infobey, el documento incluye 26 testimonios de testigos que prestaron declaraciones en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA.
Asimismo, contenía decenas de relatos testimoniales de víctimas y sus familiares; e informes distribuidos por más de 40 ONG, venezolanas e internacionales.
Entre sus conclusiones, el informe indicó que 131 personas fueron asesinadas durante las protestas de 2014 y 2017, que fueron perpetradas por fuerzas de seguridad del Estado y/o miembros de grupos chavistas.
Identificó 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, así como más de 12.000 personas detenidas arbitrariamente, encarceladas o sometidas a otras privaciones graves de libertad física desde las elecciones de 2013, en las que Nicolás Maduro asumió el poder tras la muerte de Hugo Chávez.