Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y Amnistía Internacional, ellos preguntaron Corte Penal Internacional (ICI) para trabajar en medio de una ola de arrestos y represión en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Es hora de que se haga justicia” dijo Almagro, quien anunció que solicitará a la CPI que determine responsabilidades y emita órdenes de arresto contra Nicolás Maduro y otros chavistas por lo que considera graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
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En particular, El uruguayo solicitó al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, Este viernes 9 de agosto “Para trabajar en Venezuela.”
“Exigimos a las autoridades la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos”. Amnistía Internacional afirmó.
ONG Fore Penal informó este viernes, según las últimas actualizaciones del país Al menos 1.263 personas fueron detenidas tras las protestas civiles Tras la cuestionable victoria de Nicolás Maduro, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el cómputo de los votos sin publicar el acta.
En equilibrio, difundido a través de la red social X (Twitter), Se observó que al menos 100 de los privados de libertad eran menores.
Además, Se precisó que el Distrito Capital ocupó el primer lugar en número de detenciones con 230 personas privadas de libertad. Luego Carabobo 197. Anzoátegui ocupó el tercer lugar con 114 detenciones.
Mientras tanto, La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) llamó a respetar la “voluntad del pueblo”. y exigió el fin de sus “derechos constitucionales”, y de la “persecución” y “persecución” contra los ciudadanos que protestan pacíficamente.
El chavismo, por su parte, ha señalado que los detenidos en el marco de las protestas de las últimas semanas han cometido acciones “criminales”. Y “terroristas”, entre ellos presuntos ataques contra colegios electorales y otros lugares de instituciones gubernamentales.
De hecho, el chavismo contabiliza más de 2.200 presos, Quienes advirtieron podrían ser recluidos en centros penitenciarios de máxima seguridad del país, como Toquito (Carabobo) y Tocorón (Aragua).
