Según un decreto publicado este miércoles, el Gobierno argentino eliminó la unidad integrada en la Comisión Nacional de Derechos de Identidad (CONADI) asignada para investigar la asignación de niños durante la última dictadura en el país sudamericano (1976-1983), una violación de la separación de poderes.
Mediante el Decreto 727/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente de la República, Javier Millei, y del Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Liberona, el Ejecutivo derogó el Decreto 715 del 9 de junio de 2004.
El texto aludido creó una unidad especial para investigar “niños desaparecidos como consecuencia de actos de terrorismo de Estado” dentro de la Comisión de Derechos de la Identidad Nacional (CONADI) y bajo el paraguas de la Secretaría de Derechos Humanos, cargo. Que el juez Alberto Baños se encuentra en funciones desde diciembre de 2023.
Entre los motivos de la decisión, el Ejecutivo consideró que dicha unidad especial gozaba de “facultades de investigación de oficio para aislar a los responsables de posibles hechos delictivos” con accesos y facultades contrarias a la Constitución argentina.
Según la organización de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, el dictador robó a unos 500 niños de sus padres, en su mayoría opositores al régimen y en muchos casos de madres que dieron a luz en centros secretos de detención y tortura y desaparecieron para siempre. , muerto o vivo, drogado, arrojado al mar.
En mayo pasado, el grupo expresó preocupación por la ofensiva (del gobierno argentino) contra el trabajo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada en 1992 bajo la presidencia de Carlos Menem (1989-1999). .
Posteriormente, ha habido protestas contra los recortes y ajustes realizados por el gobierno de Javier Mille en áreas dedicadas a monumentos de derechos humanos y oficinas estatales.
Argentina se ha convertido en un ejemplo internacional de trabajo en derechos humanos al crear grupos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaron a sus hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura.
Además, la celebración de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y el juicio a la junta, instaurada por el primer presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) tras el retorno de la democracia, sólo dos años después del fin de su gobierno. De hecho, fueron hitos a nivel internacional.
El Ejecutivo de Miley desmiente la cifra acordada por organizaciones de derechos humanos de 30.000 personas desaparecidas y reconoce sólo 8.751.