El Gobierno de Nicaragua anunció este lunes el cierre de 1.500 ONG, la mayoría religiosas, como parte de una ofensiva contra grupos de la sociedad civil que considera hostiles al presidente Daniel Ortega, según la oposición.
Este cierre masivo, sin precedentes en Nicaragua, El gobierno ha prohibido más de 5.100 organizaciones desde las protestas contra él en 2018.Y llega tres días después del anuncio de nuevas normas que obligan a las ONG a trabajar en alianza con el Estado
Según una decisión del Ministerio del Interior publicada en el diario oficial La Gazzetta, 1.500 organizaciones sin fines de lucro incumplieron sus obligaciones porque “No han reportado sus estados financieros entre 01 y 35 años”.
La lista de entidades cuya “personalidad jurídica y registro” ha sido revocada, y cuyos bienes serán confiscados, incluye cientos de asociaciones católicas y evangélicas, así como asociaciones o fundaciones benéficas, deportivas, de pequeñas empresas, rurales y de jubilados; También Club Rotario y de Ajedrez.
También Se cerraron organizaciones tribales y de excombatientes. Luchas entre el gobierno sandinista y los contrainsurgentes en los años 80.
El gobierno de Ortega y su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció las leyes contra las ONG después de las protestas de 2018, que han dejado más de 300 muertos en una represión de tres meses, según un informe de la ONU.
Ortega, un exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en los años 80 y está en el poder desde 2007, sostiene que las ONG y especialmente la Iglesia católica apoyaron las protestas, que ve como un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
“mesa limpia”
El viernes pasado por orden del gobierno. Una polémica normativa que obliga a las empresas privadas a trabajar sólo en “alianzas de asociación” con empresas estatales.
La medida fue anunciada un día después de que Venezuela, aliado de Managua, aprobara una ley sobre las ONG que, según los activistas de derechos humanos, “profundizará la represión” contra los críticos del presidente Nicolás Maduro en medio de acusaciones de fraude en su reelección.
Medios de oposición nicaragüense publicados en el exilio han criticado las nuevas normas que regulan el trabajo de las ONG en Nicaragua.
El gobierno impuso un “nuevo modelo operativo” a las ONG nicaragüenses, que las despojó de su autonomía. Según los analistas, el objetivo es controlar sus proyectos y los recursos que reciben.
Amaru Ruiz, ambientalista y exdirector de la extinta Fundación River, ahora en el exilio, calificó el cierre masivo como una “barrida” contra la sociedad civil. “No sólo quieren controlar la vida orgánica de las organizaciones, sino que ahora quieren estar por encima de los recursos que gestionan”, añadió.
“Se limpia completamente la mesa, se eliminan prácticamente todas las ONG del país. Son más de 5.100 en la crisis (2018). Este es otro golpe a la sociedad civil por un mayor control (…)”, Juan Sebastián Chamorro, Ex candidato presidencial nicaragüense, exiliado en EE.UU., dijo en su cuenta X.
Los religiosos fueron encarcelados y exiliados.
Al acusarlos de traición, En 2023, el gobierno liberó a 316 políticos, los expulsó del país y los despojó de su nacionalidad y sus propiedades. -Chamorro entre ellos-, periodistas, intelectuales y activistas críticos.
El gobierno de Ortega, que enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que lo acusan de acciones autoritarias, también ha cerrado estaciones de radio y universidades católicas.
A finales de 2023, algo 30 clérigos fueron encarcelados y luego enviados al Vaticano. Este mes fueron arrestados unos quince sacerdotes, la mayoría de ellos exiliados a Roma.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al gobierno a poner fin a “la represión general y la persecución religiosa en el país” y denunció que al menos 141 personas siguen “detenidas arbitrariamente”.