La Asamblea Nacional y el Ejecutivo ecuatoriano están envueltos en un nuevo conflicto, pero esta vez por la intervención de la justicia, que ha calentado el clima político ecuatoriano.
La pelea surgió luego de que Inés Alarcón, integrante del gobernante partido Acuerdo Democrático Nacional (ADN), presentara una medida de seguridad ante un juez para solicitar en el parlamento tres juicios políticos contra Guillermo Lasso (2021-2023): Pablo Arrosemena, exministro de Economía; Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior; y Sebastián Corral, exsecretario de la Función Pública.
En julio, Alarcón presentó un recurso para intentar reabrir esos juicios políticos en una unidad judicial de Inaquito, al norte de Quito, pero luego lo retiró. El 8 de agosto, la mujer del mitin lo reingresó en Quitumbe, al sur de la capital de Ecuador, informó Radio Pichincha.
La medida de protección fue aceptada por el juez Edgar Javier Romero Salazar, quien ordenó a la Asamblea Nacional retomar el juicio político archivado. Sin embargo, el Parlamento ha declarado firmemente que no acatará la sentencia.
El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, celebró la decisión del magistrado y agradeció a Alarcón su “valentía” al presentar el recurso.
“Ganó una medida de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, que permitirá garantizar que se respete el orden del juicio político”, dijo. Por su parte, Alarcón y la bancada de ADN insistieron en que la Asamblea Nacional “debe aceptar” la decisión del juicio presentada en julio por la Comisión de Control Parlamentario de que retiraron las firmas de respaldo. para esto