Los gobiernos de Brasil y Colombia emitieron este sábado un comunicado conjunto para reiterar la necesidad de dar “credibilidad” al proceso electoral del 28 de julio, “con la publicación transparente de datos desagregados y verificables”.
La carta indicó que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia) sostuvieron una conversación telefónica este viernes y sábado sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.
“Ambos presidentes están convencidos de que la credibilidad del proceso electoral sólo podrá restablecerse mediante la publicación transparente de datos desglosados y verificables”, afirma el comunicado.
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“La normalización política de Venezuela requiere el reconocimiento de que no existe una alternativa permanente al diálogo pacífico y la convivencia democrática en la diversidad”, agregaron en la carta.
Asimismo, los dirigentes pidieron “a todos los implicados que eviten la violencia y la represión” tras conocer la situación de los cerca de 2.000 presos que quedaron rezagados por las protestas contra los resultados electorales.
Pidieron respetar el tratado de Barbados
Ambos países pidieron honrar el Tratado de Barbados, del que fueron testigos Brasil y Colombia.
En este sentido, aseguraron que sus gobiernos “mantienen abiertos sus canales de comunicación con las partes y reiteran su deseo de facilitar el entendimiento entre ellas”.
De igual forma, dijeron haber tomado nota de la decisión del TSJ sobre la certificación de los resultados del proceso electoral, y reiteraron que continúan a la espera de la circulación de las “actas desagregadas por las mesas electorales”.
“Vale la pena recordar los compromisos asumidos por el Gobierno y la Oposición al firmar el Acuerdo de Barbados, cuyo espíritu de transparencia debe ser respetado”, subrayaron.
Finalmente, expresaron su “absoluta oposición a que se sigan aplicando sanciones unilaterales como instrumento de presión”.
Ambos líderes comparten la percepción de que las sanciones unilaterales van en contra del derecho internacional y perjudican a las poblaciones de los países sancionados, particularmente a los sectores más vulnerables.
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— Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (@CancilleriaCol) 24 de agosto de 2024