Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un comunicado conjunto la madrugada de este martes rechazando la orden de aprehensión emitida por la justicia venezolana por crímenes contra Edmundo González Urrutia. al terrorismo.
“Esta orden de aprehensión cita una serie de presuntos delitos que no son más que otro intento de silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular de Venezuela y constituyen una persecución política”, se lee en parte del texto difundido a la prensa.
“En un país donde no existe separación de poderes ni garantías judiciales mínimas y donde existen detenciones arbitrarias, condenamos esta práctica tiránica y nuestros esfuerzos serán firmes e incesantes para exigir a las autoridades venezolanas que garanticen la vida, integridad y libertad de Edmundo González. Urrutia”, agregaron.
El Gobierno ha rechazado “cualquier intento de menoscabar los derechos fundamentales” del candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia, después de que un tribunal venezolano emitiera una orden de arresto en su contra, respondiendo así a una petición de la fiscalía.
Fuentes de Exteriores consultadas por Europa Press afirmaron que “España protege la libertad de expresión y protesta de todos los venezolanos, especialmente de los líderes políticos de la oposición”.
En este sentido, las fuentes añadieron que el Gobierno “rechaza cualquier intento de menoscabar sus derechos fundamentales” tras consultar cómo se evalúa la orden de detención dictada contra el candidato opositor.
El Juzgado Primero Especial de Primera Instancia en Función de Control, con competencia en delitos vinculados al terrorismo, ordenó la detención de González Urrutia acusado de “ocupación de la función”, “falsificación de documento público”, “incitación a la desobediencia”. de la Ley, “conspiración”, “subversión para dañar el sistema” y “asociación”, lo cual es confirmado por el Ministerio Público.
El gobierno se ha negado a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, ya que no se han divulgado todas las actas electorales que permitan verificar y aprobar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). .
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, asumió la semana pasada que el acta no se publicaría y, ante las “pruebas”, se mostró partidario de veintisiete para estudiar todas las herramientas disponibles. Promover un diálogo entre los venezolanos que permita una “solución negociada y pacífica”, aunque sin mencionar explícitamente la imposición de nuevas sanciones.
