Un funcionario de un tribunal federal estadounidense que supervisa una subasta de acciones de la empresa matriz de la refinería venezolana Citigo Petroleum pidió el lunes al juez del caso que impida a los acreedores presentar demandas adicionales que podrían descarrilar el proceso de venta.
Tres acreedores que presentaron demandas ante los tribunales pero que es poco probable que reciban dinero de la subasta han presentado demandas separadas este año para tratar de recuperar miles de millones de dólares en bonos venezolanos en mora. Las tres (Gramercy Distressed Opportunity Fund, G&A Strategic y Girard Street Investments) son empresas relacionadas.
Las demandas colaterales han complicado la subasta en el Tribunal de Distrito de Delaware, que después de varios retrasos pretende seleccionar un ganador este mes y completar una venta en noviembre.
La demanda fue presentada por primera vez en Delaware en 2017 por la mina Crystalex y desde entonces ha permitido que otros 17 acreedores, incluidos tenedores de bonos, persigan acciones de la empresa matriz de Citgo, PDV Holdings.
Sin embargo, las ofertas recibidas hasta ahora no cubren los 21.300 millones de dólares en reclamaciones registradas en los tribunales de Delaware. Citgo está valorado entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, y la oferta más alta en la primera ronda de licitaciones en enero fue de 7.300 millones de dólares.
La situación ha llevado a algunos acreedores a presentar demandas en otros tribunales. Los reclamos de Gramercy, Girard Street y G&A se encuentran al final de la lista de empresas que probablemente recibirán ingresos por la venta.
Reuters no pudo contactar inmediatamente a las empresas para hacer comentarios.
“Algunos acreedores judiciales están intentando bloquear el proceso de venta de este tribunal, a pesar de su participación previa en ese proceso, presentando reclamaciones de último momento en otros foros”, escribió el secretario judicial Robert Pincus en su solicitud al juez del caso.
“Esto amenaza con socavar el proceso de venta en detrimento de los acreedores que interponen procedimientos judiciales”, añadió. Los postores temen el riesgo de que los prestamistas reclamen más adelante los activos que intentan adquirir, afirmó.
El abogado José Ignacio Hernández de la consultora Aurora MacroStrategies dijo que la solicitud de Pincus sería “muy difícil de aprobar”, ya que los tribunales de Delaware no tienen jurisdicción sobre casos en otros estados.
