Inesin sugiere que los trabajadores del sector del reparto deberían encontrar formas de formar sindicatos u organizaciones que protejan sus derechos.
El Instituto de Altos Estudios Sindicales (INASIN) ha exigido a las autoridades nacionales legislar las actividades del sector delivery en el país con el fin de respetar sus derechos y demandas salariales y laborales, ya que quienes ejercen esta profesión necesitan protección.
Luego de una investigación realizada por el Inaesin, esta organización determinó que los trabajadores del sector delivery necesitan una ley especial que vigile los derechos de estas personas para establecer condiciones mínimas de trabajo y salud; Tarifas, permisos, sindicalización, negociación colectiva, seguridad social, protección de maternidad y paternidad, con establecimiento de obligaciones para los empleadores en caso de accidentes.
Destacó que las organizaciones sindicales deben actualizarse sobre las nuevas oportunidades de empleo que existen en Venezuela, así como utilizar las nuevas tecnologías y plataformas digitales para promover eficientemente los derechos de los trabajadores de este sector.
Para este caso también es válida la creación o modernización de sindicatos o federaciones de trabajadores independientes; Lo que asegurará el crecimiento del sector.
Según Cavecom-e, se incluyen unas 300.000 personas que pertenecen al sector del reparto y deben comprender el papel protagónico en las nuevas relaciones laborales y formar organizaciones que protejan sus intereses.
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La cancelación de la medida fue publicada en el Boletín Oficial, una semana después de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con el Instituto Telégrafo Postal (IPOSTEL), publicara un reglamento para regular los servicios de entrega.
En Gaceta Oficial N° 42.827 del martes 27 de febrero apareció la Providencia Administrativa N° CJ/002/2024, mediante la cual se ordenó “dejar sin efecto” la Providencia Administrativa N° CJ/012/2023 que regula las actividades de servicios de entrega a domicilio.
Así, la declaración del gobierno de Nicolás Maduro se oficializó el 29 de febrero, apenas 48 horas después de promulgada la norma.
El shock que sufrió Providencia parece estar relacionado con la ola de críticas que desató esta medida, ya que creó nuevos impuestos sin mucha claridad jurídica, por lo que los vacíos en las reglas podrían traducirse en mayores impuestos que obstaculizaron o incrementaron significativamente la actividad. el precio
Con información de un comunicado de prensa.
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