La Misión Internacional Independiente de Investigación de Venezuela condenó ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la detención de 158 menores por parte de organismos de seguridad venezolanos en el marco de las protestas desde el 28 de julio.
La presidenta de la misión, Marta Valinas, afirmó en su último informe presentado este viernes que estos “niños” deberían enfrentar cargos de “terrorismo e incitación al odio”.
“Entre el 1 de septiembre de 2023 y agosto de este año la situación de derechos humanos en Venezuela se ha deteriorado. El aparato represivo del Estado continúa violando los derechos humanos y el riesgo de que el Estado de derecho colapse en Venezuela es muy alto”, afirmó Valinas.
“La represión política va en aumento. Hemos confirmado que 25 personas murieron en las protestas postelectorales y varias personas fueron sometidas a desapariciones forzadas, tratos crueles, violentos y degradantes, torturas y violencia sexual. Las violaciones que se han documentado representan sólo una muestra de un universo mucho más amplio”, destacó.
Asimismo, acusó al chavismo de llevar a cabo un “plan para silenciar a la oposición política de Maduro”. Valinas reiteró que muchas de estas acciones cometidas en Venezuela “representan crímenes de lesa humanidad”, según Venezuela En Directo.
Leer más: “No veo a Lula yendo a la toma de posesión de Maduro”, dice su asesor internacional Celso Amorim
“Continuaron la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La misión identificó una serie de métodos de tortura utilizados por fuerzas de seguridad o agencias de inteligencia, como puñetazos, golpes con tablas de madera o bates envueltos en espuma y descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño”, explicó. . hizo .
Asimismo, señaló que tienen antecedentes de violencia sexual contra algunos detenidos en el centro de detención. “Azotes de senos, nalgas y genitales, desnudez forzada y registros invasivos, amenazas e insultos sexistas y negación de los derechos sexuales y reproductivos contra la detención de más de 200 mujeres y niñas”.
Finalmente, destacó graves irregularidades en las más de 2.000 detenciones postelectorales en Venezuela.
“Estas detenciones implicaron y fueron seguidas de graves violaciones al debido proceso, que han alcanzado niveles sin precedentes en el país”, mientras que los procesos penales contra los detenidos “violaron sistemáticamente las garantías fundamentales del debido proceso”, concluyó.