Trabajadores de salud pública y educación reciben solicitudes para ofrecer datos personales y sus redes sociales
Carabobeño
Matilde* no tuvo que pensar en ello, simplemente dijo “no” a una solicitud que recibió de uno de sus superiores para que le enviara diversos datos personales como sus cuentas de redes sociales. “Lo que quieren es vigilar nuestras publicaciones, que son privadas, y luego meternos presos”.
Trabaja en el hospital estatal de Karabobo y sus colegas de varios departamentos recibieron el mismo mensaje. La mayoría de ellos, por miedo, enviaron la información que solicitaron. “Lo hice porque tengo miedo de que me despidan. Dependo de este salario”, dijo un empleado del lugar que trabaja desde hace más de 10 años.
Pero antes de enviar sus nombres a Instagram y Facebook, revisó y eliminó publicaciones que consideraba políticas para evitar represalias.
El valor de la privacidad en las redes sociales
La decisión de Matilde tuvo consecuencias. Luego de 16 años de servicio, los dos últimos como supervisor de su departamento, fue removido de su cargo y trasladado a otro centro de salud.
“Lo que he logrado con mi carrera y dedicación me lo han quitado porque me negué a enviar mis datos de redes sociales. Tuve que pagar ese precio para proteger mi privacidad”.
A pesar de ser víctima de una injusticia, cree que podría ser peor. A principios de agosto, un colega fue despedido por publicar en su estado de WhatsApp mensajes, fotografías y vídeos contra los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Pensé que me despedirían en lugar de cambiar mi lugar de trabajo y destituirme como supervisor”, dijo. Ahora tiene que tomar tres autobuses para llegar desde su casa.
Los profesores en el punto de mira
Este sistema no sólo se está implementando en el sector de la salud. Los docentes pertenecientes al Ministerio de Educación de la gobernación también han recibido solicitudes para enviar datos personales como nombre y apellido, DNI, ubicación, servicio, número de teléfono, cuentas de Instagram y Facebook.
Según datos de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), solo en la parroquia Mariara del municipio de Diego Ibarra hay nueve educadores que fueron despedidos por negarse a brindar esa información desde sus redes sociales, entre ellos dos docentes de Guacarra y uno de Montalbán en la misma situación.
También han recibido la solicitud quienes están asalariados del Ministerio de Educación como docentes regulares. “Se niegan y amenazan con cambiarles de escuela, suspenderles el salario o echarlos”, denunció Luis Guillermo Padrón, presidente de la FVM en Carabobo.
Los representantes sindicales temen que la intimidación de los docentes y la vigilancia política se intensifiquen cuando el año escolar comience el lunes 30 de septiembre.
*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de la fuente.
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