El presidente de Argentina, Javier Miley, inició oficialmente el proceso de privatización de Arolínios Argentinas con un decreto acompañado de una extensa exposición de motivos.
“La privatización de la empresa y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirá la prestación de mejores servicios, el cuidado del tesoro público y, principalmente, el financiamiento del déficit de una empresa ineficiente”, se publicó en el decreto oficial.
Según el gobierno, las medidas fueron tomadas para “garantizar el servicio público en el proceso de transporte aéreo comercial de pasajeros, correo y carga, así como el crecimiento del turismo nacional e internacional”.
Asimismo, se afirma que el propósito de la privatización es “brindar un servicio de excelencia que proyecte positivamente la imagen del país y permita que los usuarios locales y extranjeros sean recibidos con hospitalidad, compromiso y conciencia, la línea debe brindar un buen servicio. Banderas en el aire.”
También aseguró que, hasta ahora, la política aeronáutica de Argentina ha limitado el desarrollo de la industria de la aviación comercial, por lo que el ejecutivo está “desarrollando un programa integral de transformación” encaminado a aprovechar todo su potencial.
En el decreto, el gobierno de Miley destacó que en ciertos momentos de la historia el Estado impulsó la creación de empresas públicas como Aerolinius Argentinas para brindar bienes y servicios “motivados por razones económicas, políticas y sociales”.
Sin embargo, señaló que el proceso ha dejado un legado de “estructuras excesivamente descentralizadas”, incluidas más de 60 entidades donde el Estado tiene una participación mayoritaria en el capital o en la configuración de las decisiones corporativas.
Aerolíneas Argentinas, creada en 1949, fue privatizada en la década de 1990, antes de ser absorbida por el Estado argentino en 2008 debido a la mala gestión de la empresa española Marsans, que la dejó al borde de la quiebra.