La misión internacional independiente de las Naciones Unidas para Venezuela presentó un informe que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer “crímenes contra la humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Según el documento, las fuerzas de seguridad y los grupos civiles armados progubernamentales son responsables de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual y de género.
El informe de 158 páginas cubre el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024. En él se señalaba a los servicios de inteligencia civil y militar, a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional como responsables de violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La misión critica al Consejo Nacional Electoral por no cumplir con medidas básicas de transparencia e integridad y a la Asamblea Nacional por aprobar leyes que restringen el espacio civil y democrático. El poder judicial es cuestionable por actuar con falta de independencia.
Según Marta Valinas, presidenta de la misión, el perfil de las víctimas de persecución se ha ampliado significativamente, incluyendo no sólo a líderes opositores y sociales, sino también a ciudadanos comunes y corrientes que han expresado sus desacuerdos con el gobierno.
El informe reveló que en los 10 meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron arrestadas por cargos de conspiración invitadas por el gobierno, y otras 121 fueron arrestadas durante la campaña electoral por colaborar con la oposición.
La represión ha aumentado tras los resultados electorales, con una campaña sin precedentes y detenciones arbitrarias, según el informe.
