Este martes, el Tribunal Federal de Casación Penal emitió un fallo que confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presuntas irregularidades en obras viales.
La Corte Suprema de Justicia será la última instancia que no tendrá un plazo inmediato para resolver y, en ese contexto, sus integrantes se encuentran en un virtual estado de reorganización, lo que podría darle más aire para resolver, según informó el diario Página 12. .
Una vez que el equipo de abogados del expresidente, encabezado por Carlos Beraldi, rechace la condena y solicite su revisión, el proceso quedará en manos de cuatro magistrados que deberán pronunciarse sobre las convicciones políticas. Pero todo esto podría prolongarse debido al proceso de remodelación de la Corte Suprema para imponer a los candidatos designados por el presidente Javier Millei.
Además, existen factores que pueden retrasar el proceso, como el hecho de la inexistencia de “doble consentimiento”, que es el principio que establece que dos sentencias en el mismo sentido son suficientes para no recurrir contra una sentencia.
Otra razón es que una reclamación contra una sentencia de la Sala puede presentarse como recurso extraordinario. Y en caso de que casación desestime ese recurso, se podrá interponer recurso de apelación. Por tanto, el proceso puede tardar varios años.
Lo que deja espacio para el fallo final del tribunal es la decisión de los Chamberlain de no solicitar el arresto hasta que el fallo haya agotado todas las apelaciones y sea definitivo.
La defensa del expresidente tiene diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema. Uno de los principales argumentos de la defensa de Cristina Fernández es que, al no haber pruebas concretas en su contra, el trasfondo de la condena en primera instancia es político y tiene un propósito claro: “fuera” de ella en la arena política.
