La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado chileno por violaciones de derechos humanos en 1992 durante un proceso penal contra 135 personas de la etnia mapuche acusadas de acaparamiento de tierras y asociación ilegal en el contexto de protestas pacíficas.
“Chile es responsable de diversas violaciones de derechos en el marco de procesos penales internacionales contra miembros del pueblo mapuche que han realizado actos de protesta pacífica”, declaró en un comunicado publicado a través de su cuenta de la red social X.
La CIDH determinó que el fallo de marzo de 1993 contra el Consejo de Todas las Tierras, organización que inició las protestas, “estuvo guiado por un sesgo discriminatorio, prejuicios y nociones preconcebidas de su carácter ilegal e ilegítimo”.
Se ordenó al Estado de Chile implementar diversas medidas compensatorias.
