Héctor Constant Rosales, Representante Permanente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), condenó una campaña desestabilizadora contra Venezuela desde 2014 durante el 23º período de sesiones de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma.
Rosales cuestionó las acusaciones de abusos sistemáticos contra los derechos humanos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, sugiriendo que no reconocían a las víctimas de la violencia ni las investigaciones de la fiscalía de Venezuela.
El representante criticó más de 900 sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, destacando su impacto negativo en la economía y los derechos humanos en Venezuela.
Según Rosales, Venezuela sigue siendo un Estado democrático y social de derecho y justicia, centrado en la protección de los derechos humanos, con todos sus poderes actuando en armonía.
Rosales informó que Venezuela presentó el caso “Venezuela II” ante la CPI para investigar posibles delitos relacionados con estas sanciones, solicitando un examen preliminar expedito y rechazando las sanciones ilegales.
