La Asamblea Nacional aprobó este lunes solicitar a la Fiscalía General de la República la aplicación de la ley del Libertador Simón Bolívar contra los bloqueos imperialistas de 2015 para exdiputados del disuelto parlamento.
Esta decisión fue aprobada por la Comisión Representativa de la AN encabezada por el presidente del Parlamento, diputado Jorge Rodríguez, quien presentó una carta enviada por los líderes opositores al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia y al jefe de la Misión de Estados Unidos en Venezuela, Francisco . Palmieri, solicitando recursos para su “función”.
Explicó que a través de esta carta militantes de extrema derecha solicitan más recursos ante el cambio de gobierno en Estados Unidos.
“Lo que buscan estos descarados es una manera de que su dueño, Palmieri, autorice dinero no para ellos, sino para el pueblo de Venezuela”, subrayó.
Rodríguez señaló que estos parlamentarios reciben 5.000 dólares mensuales de un fondo llamado “Guardianes de la Democracia”, que incluye bienes y recursos secuestrados y robados de Venezuela en el exterior, incluidos dividendos de CITGO que pertenecen a venezolanas y venezolanas.
“Esta carta es prueba fehaciente de que lo establecido respecto de la inhabilitación política y el delito penal tipificado en Simón Bolívar y la Ley de Expropiación de Dominio debe aplicarse de inmediato a las señoras Dinora Figueira, Marianella Fernández y Oristela Vázquez”, dijo Rodríguez, agregando que es un delito y una clara violación.
Las ciudadanas Dinorah Figueira, Marianella Fernández y Oristella Vásquez se autodenominan Presidenta, Primera Vicepresidenta y Segunda Vicepresidenta respectivamente de la extinta AN.
Al respecto calificó de insensato que se llamaran miembros de una Asamblea Nacional inexistente y además que participaran en una reunión secreta, en la que “no hay constancia de elecciones, reuniones, votaciones ni existencia real” de estos seres vivos. diputados que no pertenezcan a un cargo cancelado.”
En este sentido, destacó que se les deben aplicar las penas previstas en la citada ley, como la inhabilitación política, la confiscación de dominio y la acción penal.
La Comisión Representativa es un órgano que está activo durante el receso del Parlamento y puede convocar sesiones extraordinarias según el artículo 196 de la Constitución.
