Cuatro personas fueron detenidas en el estado Sucre luego de intentar llevar a 28 personas, entre ellas tres menores de edad, a las islas de Trinidad y Tobago.
Las detenciones fueron realizadas por efectivos de la Fuerza Armada Militar Bolivariana (FANB), luego de trabajos de inteligencia que permitieron identificar a los perpetradores.
La captura se produjo en el sector Las Salinas de la parroquia Bideau en el municipio de Valdez en la entidad oriental.
Los cuatro detenidos se encontraban en una embarcación tipo peiro con las mencionadas 28 personas, todas de nacionalidad venezolana.
Asimismo, trascendió que los sujetos fueron identificados como José Gregorio Villalbas, Marlon José Fuentes, Darvis José Gamboa y Yolvis Yorjanis Binal, según informó el periodista Víctor Federico González.
Según acta emitida por las autoridades, el caso fue resuelto por el Ministerio de Asuntos Públicos (MP) del estado Sucre por cargos posteriores de trata de personas.
Sexagenarios encarcelados por trata de personas en Colombia
En otro incidente ocurrido el fin de semana, una mujer colombiana de 60 años fue acusada de trata de personas luego de supuestamente procesar cerca de 500 visas de estudiantes (tipo F1) con información falsa.
El operativo para capturar al sexagenario, que quedó registrado en video, fue realizado por la Policía Nacional de Colombia en conjunto con la Fiscalía General de la República.
Lea también: Colombia no aceptará inmigrantes de otras nacionalidades deportados por Estados Unidos
Según explicaron voceros policiales, la orden de aprehensión se ejecutó luego de un procedimiento de registro e incautación en Bogotá.
La detenida ahora es identificada como V. Díaz, a quien se le han incautado tres computadoras, dos teléfonos celulares, los documentos de trámite de visa antes mencionados y dos pasaportes.
Método de trabajo
La mujer era propietaria de una agencia de viajes, donde logró tramitar alrededor de 500 visas de estudiante F1. Por ellos, cobró $460 por niños y $1,380 por cada adulto.
Según Diario La Calle, cobró $130 adicionales por adelantar la cita con información falsa usando el nombre de un instituto oficial estadounidense.
El detenido incluía información inexacta, perfiles socioeconómicos ajustados y extractos bancarios alterados para autorizar procedimientos de apoyo a mayores ingresos para simular una supuesta estabilidad económica en el solicitante.
