Trinidad y Tobago deportó este fin de semana a más de 100 migrantes venezolanos, a pesar de las advertencias de organizaciones y activistas de derechos humanos (DDHH), que pidieron a las autoridades de la isla liberarlos pero no expulsarlos del territorio.
El operativo inició en el Helipuerto de Stables Bay en la localidad de Chaguaramas. Un primer grupo de migrantes fue expulsado este sábado 12 de agosto y continuó este domingo 13 de agosto con otro grupo que ingresó a Trinidad y Tobago de manera irregular. Los ciudadanos fueron enviados a Venezuela a bordo de galeones en el pasaje.
El grupo estaba entre unos 200 inmigrantes venezolanos detenidos mientras asistían a una fiesta de cumpleaños. Un incidente similar ocurrió en un bar del distrito de St. James el 9 de julio.
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El 4 de julio de 2023, un refugiado reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presentó un caso en el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago.
El fallo judicial determinó que la Convención de Refugiados de 1951 no se aplicaba al estado insular gemelo. Establece el estatuto de refugiado y las responsabilidades de los países con migrantes que lo soliciten para garantizar el asilo.
Además, asegura la política de no devolución y permisos de viaje sin visa para quienes porten documentos de identificación de países donde su vida corre peligro.
Sin embargo, las autoridades trinitarias ignoraron esta advertencia y llevaron a cabo la deportación.
Actuación judicial en defensa de los inmigrantes
La expulsión se produjo después de una semana de acciones legales por parte de los abogados que representan a los inmigrantes. Desafiaron al ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, y solicitaron su liberación.
El video grabado por un hombre dentro de las instalaciones designadas como centro de detención mostró a los migrantes siendo separados de los oficiales que estaban sentados en escritorios en un área rodeada por una cerca interna.
El jueves 10 de agosto, un juez ordenó la liberación inmediata de 64 de los 200 venezolanos detenidos el 9 de julio. También les concedió amnistía temporal, impidiendo su deportación inmediata.
Solo 30 de ellos fueron liberados antes de que los funcionarios de inmigración les ordenaran dejar de liberar a más inmigrantes. Esto sucedió luego de que los abogados del ministro apelaran la decisión, según informó la agencia Venezuela En Directo.
La carta del 11 de agosto establece que algunos inmigrantes han sido puestos en libertad condicional. Ellos, por órdenes de supervisión, dejaron a los familiares en el helipuerto.
