Para Narváez, la posición del gobierno de Maduro muestra “por qué la justicia penal se utiliza como un arma eficaz para violar los derechos humanos y oscurecer la garantía constitucional que finalmente deja poco acceso a la justicia a los ciudadanos”.
El defensor de los derechos civiles Rafael Narváez ha criticado al gobierno de Nicolás Maduro por utilizar a los presos políticos en su beneficio. Insistió en que el gobierno intercambie a los detenidos como si fueran “negocios”.
“Me alegra que después de tanta injusticia puedan abrazar a sus familiares como defensores de los derechos humanos, pero condeno la utilización de quienes los enviaron a prisión sin darles el derecho a una defensa en el debido proceso ni asumir lo más sagrado. Inocencia hasta que se demuestre lo contrario: todo lo contrario.
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Para Narváez, la posición del gobierno de Maduro demuestra “por qué el sistema de justicia penal se utiliza como un arma eficaz para violar los derechos humanos y oscurecer la garantía constitucional que finalmente priva a los ciudadanos del acceso a la justicia”.
Narváez celebró la liberación de seis de los casi 300 presos políticos el 19 de marzo. Señaló que una forma que tienen el gobierno y la Asamblea Nacional de reparar el daño es demostrar desapego y voluntad política aprobando un proyecto de ley de amnistía, realizando reuniones navideñas de los presos políticos con sus familiares y amigos.
La noche de este miércoles 18 de octubre fueron liberados seis presos políticos, entre ellos el periodista Roland Carreño y el líder de Primero Justicia Juan Requescens.
La revelación de cinco de ellos (Roland Carreño, Juan Requesens, Marco Garcés Carapaica, Mariana Barretto y Urinel Rincón) fue informada por el exalcalde Gerardo Blyde, jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, en su cuenta en la Red Social X.
Ya el 19 de octubre, el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himyob, añadió a la lista a Wilder Vásquez, un estudiante de comercio internacional detenido en octubre de 2018 en relación con el intento de asesinato de Nicolás Maduro, y condenado en agosto. Cinco años de cárcel a partir de 2022 por encubrimiento de delitos de terrorismo.
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