Un tribunal español bloqueó el traslado de 50 inmigrantes que esperaban en una sala de asilo en el aeropuerto de Barajas de Madrid a un centro de detención en el extranjero, una medida tomada hace tres días cuando las instalaciones se vieron abrumadas por un aumento de solicitantes de asilo.
El pasado viernes, el juez revocó el auto que había dictado tres días antes, después de que la Fiscalía y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) solicitaran la nulidad y traslado de los cuatro, informó la ONG en un comunicado este lunes.
CEAR recordó que más de 390 personas se encuentran actualmente esperando “en condiciones degradantes e inhumanas” y unas 182 aún no han podido formalizar sus solicitudes, principalmente personas procedentes de Senegal, Marruecos, Somalia, Venezuela y Colombia.
El retraso en la formalización de solicitudes se amplió en diciembre hasta los 18 días, aunque la situación había mejorado “ligeramente”, hasta los 8 días.
La ONG denunció que estos retrasos dificultan la identificación de necesidades específicas, como menores de edad, víctimas de trata o personas con problemas o discapacidades de salud física o mental, e impiden que reciban el trato diferenciado al que tienen derecho.
Esto supone una violación de las Directivas europeas que fijan un plazo de entre 3 y 10 días para el registro de la solicitud y que el plazo de detención no debe ampliarse por causas “que no sean imputables al solicitante”.
Por ello, la ONG reclamó que se permita el ingreso al territorio nacional de personas excepcionales por razones humanitarias con necesidades de protección o con necesidades específicas, destinando la correspondiente cita para formalizar su solicitud de asilo.
Ha habido un aumento dramático en el número de solicitantes de protección internacional desde agosto pasado, desbordando las salas de dos terminales del aeropuerto donde los inmigrantes esperan ser aceptados para procesar sus solicitudes.
Tras las quejas públicas de algunos sindicatos de policías y de CEAR sobre el hacinamiento y las condiciones insalubres encontradas en los migrantes, los jueces exigieron al Ministerio del Interior que tomara medidas urgentes.
“El hacinamiento y las condiciones insalubres han llegado a un punto crítico, provocando infestación de la ropa de cama, acumulación de basura y falta de toallas para el aseo personal”, afirmó la ONG en su comunicado.
El Defensor del Pueblo también realizó una visita en diciembre, donde constató la situación en la que se encuentran estas personas y sugirió como posible solución la autorización excepcional de inmigrantes en territorio español.
Interior ha tomado algunas medidas, como habilitar una nueva sala temporal en el aeropuerto para mujeres y niños o dotar de más policías para entrevistar a los solicitantes, pero tanto CEAR como el sindicato policial SUP aseguran que el problema persiste.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlasca, informó el pasado viernes que el Gobierno estudia la implantación de visados de tránsito desde algunos países para evitar que las personas tomen vuelos a otros países y aprovechen una escala en Madrid para solicitar asilo.
