Naciones Unidas ha llamado al gobierno de Nicolás Maduro a abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones bajo el derecho internacional de derechos humanos y rechaza que su administración haya intentado justificar estas y otras violaciones como respuesta a conspiraciones organizadas contra el gobierno y altos funcionarios. Autoridades estatales
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y directora de la Misión FACTS de Venezuela, ONG Control Ciudadano, se pronunció sobre el caso de Rocío San Miguel y expresó su preocupación por la detención arbitraria de la activista. El Ministerio Público de Sedición, Conspiración, Terrorismo y Delitos, alegando su participación en la conspiración se llama “bRacelete blanco.
El abogado Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU, dijo que la información tardía e incompleta sobre la ubicación y el estado de salud de Rocío San Miguel y su hija Miranda Díaz San Miguel sirve para infundir miedo entre los críticos del gobierno. Nicolás Maduro, “La responsabilidad del Estado según el derecho internacional”.
Asimismo, Marta Valinas, presidenta del mandato de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014, declaró que las acciones de los agentes de inteligencia del Estado “no fueron incidentes aislados, sino una serie de incidentes que parecen ser parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y a los supuestos opositores”.
El jurista exigió al gobierno venezolano brindar información sobre el paradero de Rocío San Miguel y los familiares de todos los activistas que se encuentran detenidos y cuyo lugar de detención aún se desconoce. Además, señaló que correspondía a los gobiernos abstenerse de utilizar medidas represivas contrarias a sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.
“Las autoridades han tratado de justificar estas y otras violaciones de derechos humanos como reacción a conspiraciones organizadas contra el gobierno y altas autoridades estatales”, continuó Valinas en un comunicado publicado en el sitio web oficial de la misión.
Por otro lado, ya este 13 de febrero, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, escribió en su cuenta oficial X (antes Twitter) que “sigue siendo desconocido su paradero (de Rocío San Muel), lo que podría calificar su detención como una desaparición forzada: “Pedimos su liberación inmediata y respetamos su derecho a la defensa jurídica”.
Apenas el lunes (12 de febrero), Tarek William Saab, el fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, anunció que habían sido presentados tanto San Miguel como su exsocio Alejandro González de Canales Plaza, funcionario de la aviación venezolana. Ante el Juzgado Segundo Contra el Terrorismo, sin sus propios abogados, lo que ya viola el derecho a la defensa jurídica destacado por la oficina del Alto Comisionado Volker Turk.
El arresto de Rocío San Miguel es parte de la política del gobierno venezolano de reprimir y criminalizar el trabajo de los trabajadores sociales y cerrar el espacio civil en Venezuela. Ambos principios, como han considerado muchos defensores de los derechos humanos, se basan en la consideración del papel de los activistas como “enemigos internos” y presuntos ejecutores de “supuestas conspiraciones e ‘intentos de asesinato'”.
La Misión Independiente de Investigación para Venezuela, encargada por mandato de Naciones Unidas, ha demostrado en investigaciones anteriores que existen patrones de violaciones y delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. “Estos crímenes fueron coordinados y cometidos con el conocimiento o la asistencia directa de comandantes y altos funcionarios gubernamentales, de acuerdo con la política estatal”, afirmó la misión de la ONU en 2020.
La relación de la administración de Nicolás Maduro con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y su misión de investigación en Venezuela, Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas, mandato relacionado con la detención arbitraria en este caso, han sido prácticamente anuladas.
Desde al menos 2018, el gobierno de Maduro no ha respondido a 23 opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que abarcó al menos a 119 venezolanos con o sin afiliaciones políticas claras y cuyos arrestos fueron declarados arbitrarios.
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