El abogado Ali Daniels dijo que países que padecen fascismo como Austria, Alemania e Italia tienen leyes que lo condenan, pero no castigos tan severos como los impuestos en Venezuela.
Hoy martes 23 de abril, el Director de la ONG Acceso a la Justicia Dr. Ali DanielsInauguró su primer foro chat ritmocual: “El Proyecto de Ley Antifascismo: Qué contempla y cuáles son sus implicaciones”, en el que compartió con más de 300 lectores vía WhatsApp.
El abogado dijo que este proyecto de ley se propone en un contexto electoral donde el gobierno ha utilizado los actuales instrumentos de represión, en lugar de centrarse en hacer planes y esquemas electorales.
“Este proyecto de ley contra el fascismo aumenta el número de situaciones por las que una persona puede ser arrestada por considerarse opositor. Es una política de Estado de represión para intimidar y silenciar las voces disidentes en la sociedad e infundir más miedo en la población”, afirmó.
El 2 de abril de 2020, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el “Proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares”, que consta de 30 artículos divididos en cuatro capítulos. Varias ONG han denunciado que el proyecto cierra el espacio civil en Venezuela e impone una mayor criminalización destinada a sofocar las quejas y la participación durante las elecciones.
Durante el encuentro virtual, Ali Daniels destacó que el instrumento establece sanciones con penas de prisión de 8 a 12 años, en algunos casos, y de 6 a 10 años en otros. Aparte de esto existe posibilidad de inhabilitación de personas, disolución de reuniones y partidos políticos.
El abogado agregó que el proyecto también prevé la imposición de multas a las asociaciones y la pérdida de licencias para los medios de comunicación controlados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONTEL). Explicó que las sanciones para los medios impresos o digitales son muy altas, “de 50.000 a 100.000 dólares o más dependiendo del tipo de cambio, por lo que podemos hablar de sanciones de confiscación”, dijo.
“Quien insulte a la democracia y sus instituciones también será castigado, pero el problema es qué significa insulto si alguien critica al Consejo Nacional Electoral (CNE) o al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que critica las instituciones del Estado”. Explica que en el mismo artículo se da la misma sanción para la violencia y la opinión. “Cualquiera que critique las instituciones del Estado puede ser considerado fascista y enfrentarse a una pena de 8 a 12 años.”
Según él, este aparato no sanciona la información, sino las voces, las opiniones y las ideas, lo que lleva a una mayor censura y a que la gente “intente expresar menos sus opiniones para que el gobierno pueda reducir las críticas legítimas de los ciudadanos”. Señaló que prácticamente todos los artículos del plan están sujetos a una discrecionalidad que equivale a arbitrariedad.
*Leer más: Proyecto de ley contra el fascismo, la nueva amenaza de Maduro, ¿cuáles son los pensamientos?
Daniels agregó que los países que sufren el fascismo, como Austria, Alemania e Italia, sí tienen leyes que condenan el fascismo, pero no tienen castigos tan grandes como los que se pretende imponer en Venezuela.
Recomienda a la ciudadanía, a través de redes sociales y comunidades, reportar la existencia de este proyecto Daniels cree que este aparato no debería existir en un país democrático. “No se puede respaldar las opiniones de la gente o sus posiciones conservadoras, y mucho menos criticar las instituciones democráticas o las instituciones de un país”. Por ello, ha reiterado la importancia de que la ciudadanía exprese su rechazo de forma civilizada y pacífica “para demostrar que no estamos a merced de un Gobierno al que la ciudadanía quiere actuar sin al menos expresar su opinión en contra”. .
Vista de publicación: 29
