La FIDH y Provea llamaron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y al gobierno de Nicolás Maduro a “no establecer un pernicioso argumento de confidencialidad en la cooperación y asistencia técnica”.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Prova lamentaron este jueves la falta de publicidad y transparencia del documento firmado entre la administración de Nicolás Maduro y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Las organizaciones lo criticaron en un comunicado. “A la fecha, tanto el memorando de entendimiento que establece las bases de la cooperación técnica con el Estado de Venezuela como el plan de trabajo conjunto son confidenciales.
Pidieron “cooperación y asistencia técnica encaminada a desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas a fortalecer la administración de justicia en el territorio nacional, no a establecer una lógica nociva de la privacidad, que debe ser negociada para el país”.
Recuerdan que el Estatuto de Roma, que rige el funcionamiento de la Corte Penal, se basa en el principio de complementariedad según el cual corresponde a los Estados Partes investigar y castigar los crímenes contra la humanidad y, si no lo hacen, les corresponde al Fiscal de la CPI para investigar estos crímenes.
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“En la Situación Venezuela I, los jueces de la Sala de Apelaciones confirmaron que el poder judicial venezolano no cumple con estas funciones y aprobaron la apertura de la fase de investigación. Esta fase de la investigación de crímenes internacionales cometidos en Venezuela no se encuentra suspendida desde 2014. ” Está en curso desde noviembre de 2021 y la CPI en La Haya estará a cargo del equipo”, dijeron.
Durante su cuarta visita a Venezuela, el fiscal Khan inauguró la oficina acordada en junio de 2023 mediante un memorando de entendimiento confidencial. Además, durante su visita, el Fiscal Khan participó en el lanzamiento de un plan de acción conjunto con las autoridades venezolanas destinado a brindar orientación y asistencia en materia judicial, en el marco de la complementariedad que establece el Estatuto de Roma.
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