La CIDH aseveró que “ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el poder judicial actuaron con la debida diligencia para investigar, procesar y sancionar graves violaciones de derechos humanos”, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó este jueves que la ausencia de un sistema de frenos y contrapesos al Estado de derecho ha permitido al gobierno de Nicolás Maduro “imponer una política estatal y sistemática de represión e intimidación sistemática”. La oposición o como ellos la perciben.
En el capítulo Venezuela de su informe anual 2023, la CIDH acusó al gobierno venezolano de violar sistemáticamente los derechos de las personas, particularmente los de la oposición, para desalentar la participación política en el país, que celebrará elecciones presidenciales el 28 de julio.
“El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, para concentrar el poder en manos del ejecutivo, desalentar la participación política y socavar la libertad de las instituciones”, afirmó la organización.
Según el dictamen de la comisión, la inhabilitación de varios partidos de oposición para ocupar cargos públicos, entre los que apuntó contra María Corina Machado -ganadora de las primarias opositoras en octubre- se aplica “de manera desproporcionada”, lo que “viola los estándares interamericanos” en materia de derechos politicos.
Señaló que el “deterioro institucional y la falta de independencia” del poder judicial habían permitido “que se estableciera un ambiente de impunidad frente a graves violaciones de los derechos humanos”.
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En este sentido, la CIDH aseguró que “ni el Ministerio, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial actuaron adecuadamente para investigar, procesar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos”, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, extrajudiciales. Pena de muerte y tortura.
La organización llamó al gobierno de Maduro a restaurar “el orden constitucional, las garantías de independencia y equilibrio de poder, la participación política de toda la población sin ningún tipo de represión o discriminación y el control ciudadano efectivo sobre el funcionamiento de los distintos poderes del Estado”. “
Además, pidió la “abolición de medidas administrativas que limiten los derechos políticos”. Por estas y otras recomendaciones, ofreció cooperar con el Estado venezolano y reiteró su deseo de visitar el país.
La CIDH también reconoció que las sanciones sectoriales aplicadas contra Venezuela “exacerbaron la crisis”, aunque recordó que “la imposición de sanciones estuvo precedida por una grave situación económica y se debió a varios factores”. Por ello, pidió a los países levantar tales medidas, tal como lo solicitaron otros organismos internacionales de derechos humanos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
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