De los 418 casos registrados, 301 fueron por difamación, 62 por intimidación y acoso, 45 por amenazas, tres por ataques digitales, dos por allanamientos, dos por detención extrajudicial y uno por detención arbitraria.
En Venezuela se registraron 418 ataques contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2024. Esta cifra representa un aumento del 85% respecto al mismo período de 2023, cuando se registraron 226 casos, informó este lunes la ONG Centro Defensores y Justicia (CDJ).
“En el primer trimestre de 2024, el cierre del espacio civil y democrático se profundizó en el marco del contexto preelectoral, afectando el accionar de personas y organizaciones de la sociedad civil”, indicó la ONG en su último informe, donde señaló que en enero Se registraron 97 casos, 230 en febrero y 91 en marzo.
Del total de casos, 301 fueron difamaciones, 62 intimidaciones y acosos, 45 amenazas, tres ataques digitales, dos allanamientos, dos casos de judicialización y uno de detención arbitraria.
“Durante el trimestre, el CDJ documentó campañas retóricas y de desprestigio, calificando sistemáticamente a las organizaciones no gubernamentales de terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, como principal forma de ataque, como medio de intimidación”, añadió.
El CDJ sostuvo que el 62% de las víctimas eran organizaciones de derechos humanos y el 38% eran personas que trabajaban para proteger estas garantías.
El informe también señala que los principales perpetradores fueron las plataformas de comunicación estatales (37%), seguidos de funcionarios gubernamentales, principalmente diputados y miembros del ejecutivo nacional (32%), grupos influenciados por intereses estatales (25%), agencias de seguridad del Estado (4 %), e Instituciones Gubernamentales o Agencias Gubernamentales (2%).
“Si el Estado continúa tomando medidas encaminadas a cerrar el espacio civil, los riesgos para la sociedad civil seguirán aumentando. Reiteramos que las actividades de defensa, reivindicación y promoción de los derechos humanos no son delitos y se deben tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad”. ejercer sin miedo a represalias”, anotó.
El CDJ instó al Estado a proteger, garantizar y respetar los derechos y a “detener de inmediato la criminalización de personas defensoras y detener avances legislativos que buscan controlar, restringir y criminalizar a la sociedad civil en Venezuela”.
Con información de la agencia Venezuela En Directo
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