Las 31 organizaciones pidieron respeto a la vida y la integridad de los tres activistas detenidos en Portugal, “respeto a su derecho a la defensa y al debido proceso, incluida su capacidad de contratar abogados creíbles”, así como un “cierre inmediato”. “Criminalización, represión y políticas judiciales contra actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas”.
Este martes, 31 organizaciones sociales y de derechos humanos rechazaron la detención de tres activistas opositores tras la visita de la dirigente María Corina Machado al estado Portuguesa. Consideran esta detención una violación Derecho a la libertad de reunión, asociación, expresión, Exhibición e integridad física en un contexto de elección presidencial.
En un comunicado, las organizaciones denunciaron que las detenciones de Óscar Castañeda, Víctor Castillo y Ámbar Márquez violaron el Acuerdo de Barbados firmado en octubre pasado, “y constituyeron un precedente preocupante que podría tener un impacto negativo en el desarrollo de la campaña electoral”. de toda la población venezolana para ser
Recordaron que durante la gira de campaña de los partidos Plataforma Unitaria y Vente Venezolano “ él Se han introducido actos de criminalización, represión y despenalización en los estados. como Barinas y el Distrito Capital.
En dos hechos separados, presuntos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron a los militantes de Vente Venezuela y Primero Justicia Oscar Castañeda, Víctor Castillo y Ámbar Márquez en el municipio de Santa Rosalía de Portuguesa. Fueron presentados ante el tribunal el lunes 29 y los tribunales de Caracas negaron competencia.
Según sus familiares, en el caso de Castañeda, el joven que se volvió viral tras hablar en un mitin en la localidad agrícola de Turenne, fue acusado de terrorismo e incitación al odio.
Bueno, simplemente le informó a la tía y en cambio me dieron, lo iban a trasladar a Caracas y lo acusarían de terrorismo e incitación al odio. #liberenaoscar #juego
— Rodolfo Castañeda (@rodercapi) 29 de abril de 2024
Las 31 organizaciones pidieron respeto a la vida e integridad de los tres activistas, “respeto a su derecho a la defensa y al debido proceso, incluida su capacidad de contratar abogados creíbles”, así como “el cese inmediato de la política de criminalización”. ” Persecución y judicialización de actores de la sociedad civil y organizaciones políticas democráticas.
De manera similar, el Estado debía “respetar la liberación inmediata y el derecho a la libertad personal de todas las personas detenidas arbitrariamente”. Además, exigieron al Estado venezolano garantizar el derecho a la libertad de reunión y asociación, no criminalizar su libre ejercicio y no estigmatizar el trabajo de las organizaciones políticas y sociales del país.
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